Tras la reunión de la pasada semana con PP y Podemos, esta semana la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se ha reunido con Ciudadanos, en un encuentro en el que no se precisó la fecha de presentación de los PGEx para 2018.

En ese asunto, Pilar Blanco-Morales destacó que la presentación de las cuentas "depende en primer lugar" de "al menos conocer cuál es el propósito del Gobierno central" en los Presupuestos Generales del Estado, así como de la reforma tributaria que se está planteando en la región, y que "también tiene incidencia presupuestaria".

Por todo ello, la consejera de Hacienda consideró "bastante inviable" que los PGEx se presenten el 17 de octubre, aunque reafirmó que la Junta presentará las cuentas, aunque también destacó que la prórroga presupuestaria "viene garantizada por la ley".

Así, y respecto a la reforma fiscal, la consejera de Hacienda aseveró tras la reunión con Ciudadanos "de momento" la Junta no ha puesto encima de la mesa de negociación "ninguna nueva figura tributaria", aunque se mostró dispuesta a "estudiar cualquier propuesta" que se le realice por parte de los grupos parlamentarios, así como a "mejorar" también las figuras impositivas existentes.

El objetivo del Ejecutivo regional, señaló Blanco-Morales es "acercar a la media" aquellos tributos donde Extremadura se sitúa por encima de la media nacional, como en IRPF y Sucesiones, y reiteró el objetivo de "buscar el máximo consenso" con los grupos parlamentarios, por lo que se mostró abierta a sus "aportaciones".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, señaló tras la reunión con la consejera que su grupo no apoyará "de ningún manera" una subida de impuestos, ni tampoco la creación de "impuestos nuevos que supongan una mayor presión fiscal" a los ciudadanos.

"No se puede estar vendiendo que Extremadura está mejor, que vamos a seguir cumpliendo con lo que nos mandan de Madrid, con lo que nos pide Montoro, con las exigencias que tenemos presupuestarias a nivel nacional" y después "subir impuestos", consideró Domínguez tras la reunión con la consejera de Hacienda.

También el resto de grupos de la oposición se han pronunciado esta semana sobre las negociaciones de los presupuestos, como la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, que rechazó la posibilidad de incluir un nuevo impuesto en Extremadura, respecto del que la Junta "en ningún caso" les ha planteado nada, por lo que apuntó que no sabe "si es que se tiene una negociación paralela y distinta con Podemos", quien aludió a un posible impuesto medioambiental.

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, explicó que su grupo "estudiará" el planteamiento de incluir un impuesto medioambiental, respecto del que señaló que "si se van a rebajar ciertos impuestos como el IRPF o el impuesto de sucesiones habrá que articular algún tipo de medida impositiva que no haga que tengamos menos ingresos".

De Miguel reiteró que Podemos lo tiene "muy claro" y "no va a entrar en unos presupuestos de recortes", tras lo que señaló que todavía no han recibido el borrador las cuentas para 2018, por lo que en este grupo parlamentario siguen "abiertos" a las negociaciones con la Junta.

NUEVO DIRECTOR DE LA CEXMA

Al margen de las negociaciones sobre los presupuestos, esta semana también se ha celebrado pleno en la Asamblea de Extremadura, que se adelantó al miércoles, debido a que el jueves se celebra la festividad del Día de la Hispanidad, y que arrancó con el nombramiento de Urbano García como nuevo director de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma).

El nombramiento de Urbano García, que se hizo a propuesta de la Junta de Extremadura, contó con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, y con el voto en contra de Podemos, por lo que obtuvo el apoyo de los tres quintos de la Cámara regional, necesario para que saliera adelante.

Además, en el pleno se analizaron dos leyes, que superaron el debate de totalidad en ambos casos y continuarán su tramitación en la comisión correspondiente de la Asamblea de Extremadura. Se trata del proyecto de Ley de Coordinación intersectorial y de Simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio, así como de la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, a propuesta de Podemos.

En el pleno también se abordó el despliegue de la banda ancha en Extremadura, donde se puso de manifiesto el malestar de la Junta de Extremadura, por la "situación de bloqueo" a la que a su juicio el Gobierno central somete a la comunidad en esta materia, según señaló el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, en una comparecencia.

Navarro reclamó el apoyo de los grupos parlamentarios, las diputaciones, la Fempex y los ayuntamientos para acelerar el despliegue de esta banda ancha en la región, respecto de la cual el Ministerio de Energía ha elaborado un mapa "totalmente falso" sobre las zonas con y sin cobertura, por lo que el Ejecutivo regional presentó 600 alegaciones que no fueron aceptadas.

En esta comparecencia, el Ejecutivo regional reiteró su petición al Ministerio de Energía de poder destinar los 22,5 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a una línea de ayudas para el despliegue de la banda ancha en la región, así como coordinar estas ayudas con las del ministerio.

SITUACIÓN DE CATALUÑA

La Asamblea de Extremadura no ha sido ajena esta semana a la situación en Cataluña tras la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, el pasado martes, donde dejaba en suspenso la independencia de la comunidad, y el requerimiento posterior del Gobierno para preguntar si efectivamente había declarado la independencia o no.

Ante estos hechos, el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, mostró su apoyo al Gobierno en este asunto y consideró que con el requerimiento, los dirigentes catalanes tienen una "fantástica oportunidad" ahora "para decir que Cataluña vuelve a la legalidad y a la senda de la Constitución Española", que "garantiza la convivencia y la libertad de todos los españoles".

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, destacó que con este requerimiento "se ha activado el 155, aquí ya no hay interpretaciones", y se mostró de acuerdo con iniciar un proceso de reforma constitucional "dentro de las instituciones democráticas y con la herramienta del diálogo", pero en la que "no se debe tocar" el principio de solidaridad.

El portavoz de Podemos en la Asamblea, Álvaro Jaén, insistió en que

"no hay declaración unilateral de independencia" tras el discurso de Puigdemont, y reiteró que la vía del diálogo "debe estar abierta".

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, instó a "tomarse en serio" la "declaración unilateral de independencia" de Puigdemont, y señaló que los independentistas catalanes "no quieren diálogo, lo que quieren no es negociación, sino que lo que quieren es chantajear al Estado".

Finalmente, y en otro orden de cosas, representantes de la Asamblea de Extremadura recibieron esta semana a familiares de personas desaparecidas en los últimos meses en la región, junto con el presidente Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD-Global, Paco Lobatón, quienes pidieron ayuda a los diputados para impulsar en todo el país el "estatuto de la persona desaparecida", que supondría una "elaboración legislativa nueva" para que en los juzgados haya "herramientas suficientes para resolver los casos".