El Gobierno aprueba la protección de los tesoros subacuáticos

  • El Gobierno elaborará unas cartas arqueológicas subacuáticas sobre los yacimientos en España.
  • El último caso problemático de este tipo se dio con un tesoro rescatado por la empresa Odyssey.
Imagen del navío "cazatesoros" estadounidense "Odyssey" atracado en el puerto de Gibraltar (Cádiz). (ARCHIVO)
Imagen del navío "cazatesoros" estadounidense "Odyssey" atracado en el puerto de Gibraltar (Cádiz). (ARCHIVO)
Imagen del navío "cazatesoros" estadounidense "Odyssey" atracado en el puerto de Gibraltar (Cádiz). (ARCHIVO)

El Gobierno va a elaborar unas cartas arqueológicas subacuáticas de todo el litoral español dentro de un plan para proteger su patrimonio hundido en el mar, informó este viernes el ministro de Cultura, César Antonio Molina.

"(Se realizará) una especie de mapa de toda la costa, (para determinar) dónde están los pecios, la importancia de los mismos, cómo se debe de vigilar a través de los nuevos sistemas informáticos", declaró Molina en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

El denominado Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, integrará en una sola base de datos "toda la información cartográfica y documental sobre los yacimientos existentes en España".

Además, los yacimientos principales serán declarados Bienes de Interés Cultural o una categoría similar, para su protección física y jurídica y se fomentará la coordinación de las actuaciones entre el Estado central y los diferentes ministerios afectados - Interior, Defensa, Cultura, Fomento y Justicia - y con las Comunidades Autónomas.

Conflicto con el Odyssey

La iniciativa para proteger el patrimonio arqueológico submarino se produce tras una polémica por la procedencia de un tesoro rescatado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, que el Gobierno español reclama y considera que fue extraído ilegalmente de un galeón español, aunque pudo ser en aguas del Atlántico.

Un tribunal de Estados Unidos tiene que dirimir una demanda presentada por España contra la empresa para bloquear cualquier reivindicación de cualquier propiedad española recuperada de barcos hundidos dentro o fuera de sus aguas territoriales.

Expertos citados por el diario El País cifran el valor de los tesoros españoles hundidos en el mar en unos 116.000 millones de euros.

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