Tal y como ha informado la diputada autonómica tras mantener un encuentro con miembros del colectivo afectado, se trata de un "colectivo integrado por más de cien trabajadores contratados por empresas privadas, por una adjudicación de la Agencia Pública de Educación y Formación, que desempeñan sus funciones en centros docentes públicos de Granada y unos novecientos en toda Andalucía", según ha recogido el PP en un comunicado.

"Desde hace más de diez años vienen sufriendo unas condiciones laborales lamentables, una situación que se ha agudizado en los últimos años", ha manifestado Carazo, al tiempo que ha indicado que "sus puestos salen a concurso público cada dos años, en la mayoría de los casos con adjudicaciones a la baja".

"La consecuencia es no sólo una merma de las condiciones salariales, sino que, tal y como les trasladan, se produce un tráfico ilegal de trabajadores en muchas situaciones que incluso ha decorado la inspección de trabajo", ha añadido.

Asimismo, Carazo ha declarado que el resultado de esta situación es "un sentimiento generalizado de indignación y malestar en el colectivo de trabajadores que incluso se sienten discriminados frente al personal laboral, con quien comparten centro de trabajo, alumnado y horario".

Por este motivo, la parlamentaria andaluza del PP ha avanzado que su grupo parlamentario preguntará en el Parlamento andaluz por "las condiciones laborales y las adjudicaciones de los contratos para este curso que acaba de comenzar", además de exigir a la Junta "el cumplimiento y vigilancia de los mismos, así como del convenio que afecta a los profesionales".