El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado investigar a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de "desobediencia" y descartar los de prevaricación y malversación.

En un auto, la sala de admisión del TSJC, tras dos días de deliberación, ha resuelto que hay indicios para investigar a Lloveras y Buch, contra quienes la Fiscalía se querelló por los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación por promover entre los alcaldes el referéndum suspendido por el Constitucional.

La sala, integrada por los magistrados Jesús María Barrientos —presidente del TSJC—, Carlos Ramos y Jordi Seguí, inició su deliberación el pasado viernes, 15, por la tarde, pero decidió reanudarla este lunes al no haber llegado a ningún acuerdo en las primeras horas de reunión.

Finalmente, los tres jueces han resuelto este lunes que de los hechos narrados por la Fiscalía en su querella y los documentos acompañados, que incluyen el modelo de decreto impulsado por la AMI para que los alcaldes faciliten el 1-O, se desprenden indicios de, "como mínimo, un delito continuado de desobediencia".

El TSJC ha designado instructor de la querella de la Fiscalía a Jordi Seguí, magistrado procedente de una sección civil de la Audiencia de Barcelona que ha sido designado para reforzar la sala civil y penal del alto tribunal catalán, que está instruyendo varias causas relacionadas con el proceso independentista.

Por el momento, la sala de admisiones ha dejado al margen de la investigación los delitos de malversación y prevaricación de que la Fiscalía acusaba también a Lloveras y Buch, sin perjuicio de que a lo largo de la investigación judicial se les puedan acabar imputando esos ilícitos penales.

En su querella, la Fiscalía acusa a Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona), de llevar a cabo "actos inequívocos de promoción y organización" de un referéndum "inconstitucional".

Para la Fiscalía, ambos alcaldes son "perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional", de la advertencias de su deber de impedir la promoción del referéndum y de que la organización de una consulta como la del 1-O "implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas".

Pese a ello, añade el ministerio público, apenas minutos después de que se aprobara el decreto de convocatoria del referéndum, ambos querellados enviaron una comunicación desde la cuenta de la AMI dirigida a los alcaldes en que les pedían que informaran de la disponibilidad de locales para el 1-0, adjuntando un modelo de decreto para que expresaran su apoyo al mismo.

En su querella, la Fiscalía acusa también a Lloveras y Buch de "utilizar las plataformas AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes" a promover el 1-O, "dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales, y comprometiendo con ello una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".