La decisión del juez responde a una demanda de la Unión para las Libertades Civiles (ACLU) de Estados Unidos y otras organizaciones, que hace más de un año invocaron el Acta de Libertad de Información para obtener los documentos.

Para mantenerlos secretos, la CIA se ha acogido a una disposición del Acta de Libertad de Información que permite retener documentos vinculados a temas de seguridad nacional y secretos de estado.

La decisión del juez es el último capítulo de una batalla legal que comenzó en octubre de 2003 cuando varias organización invocaron el Acta de Libertad de Información para obligar a la CIA y otras instituciones del gobierno, incluido el Departamento de Defensa, a dar acceso a documentos sobre los abusos a prisioneros.

En septiembre pasado, Hellerstein emitió una orden que pedía a las agencias del gobierno nombradas en la demanda de esas organizaciones buscar y revisar sus archivos para responder a la petición, explica la ACLU en un comunicado.

Sin embargo, en una audiencia celebrada el 22 de diciembre, la CIA se opuso con argumentos que, según el último veredicto del juez, no están justificados. La decisión del juez, accesible por internet, señala que la CIA "no ha articulado una razón viable" de por qué los archivos de una agencia del gobierno deben estar exentos de la orden emitida en septiembre.