El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el catálogo de puestos tipo en la Administración regional, que, entre otros aspectos, reduce en un 30 por ciento el número de plazas de libre designación, concretamente 374.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sido el encargado de presentar el nuevo catálogo, el cual pretende desarrollar unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) "modernas" y "acordes a las necesidades actuales de la prestación del servicio público", así como "más homogéneas entre sí", lo que permitirá poner en marcha el denominado concurso abierto y permanente para el personal funcionario, una antigua reclamación de los funcionarios que ya está implantada para el personal laboral de la Comunidad desde 2006.

Se trata de una modalidad de concurso que sólo existe en Castilla y León y que la Administración General del Estado está estudiando para implantar a nivel nacional. Para el conjunto del funcionariado regional, se prevé que este concurso pueda estar en marcha el 30 de marzo de 2018.

Como ha señalado De Santiago-Juárez, algunas RPT tienen más de 20 años de antigüedad, lo que hacía precisa su reforma. Fruto de esto, existen plantillas aprobadas a finales de los años 90 y otras, mucho más actuales, con criterios para su confección diferentes, de modo que en ocasiones para realizar las mismas funciones "existen puestos de trabajo distintos" y, por tanto, "retribuidos de forma diferente".

Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha subrayado que con este nuevo catálogo de puestos tipo se reduce el número de puestos de libre designación un 30 por ciento, concretamente 374, y de concurso específico un 50 por ciento -un 28 por ciento efectivo si se consideran las que pasarán a concurso ordinario-.

A su vez, se eliminan los puestos con niveles mínimos y se mejoran algunos puestos, como los jefes de servicio territorial que suben de nivel 26 a 28 para equipararse con los jefes de servicio de centrales. La supresión de puestos mínimos tendrá un coste cercano al medio millón de euros, mientras que la subida de nivel de los jefes de servicio cuenta con un coste estimado de alrededor de 200.000 euros.

El consejero de la Presidencia ha recalcado que la transición de un puesto no catalogado a otro catalogado "no va a perjudicar a ningún funcionario titular del puesto", pues si para adecuar el puesto al catálogo éste se modifica a la baja, la modificación no surtirá efectos hasta que la plaza quede vacante, mientras que si la modificación favorece a su titular, se hará efectiva en el momento.

NEGOCIACIÓN "INTENSA"

José Antonio de Santiago-Juárez ha subrayado que esta reforma supone un compromiso adoptado en su último discurso de investidura por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la cual ha contado con el apoyo de la mayoría de centrales sindicales -CSIF, UGT, CCOO y FSES- con la excepción de Uscal, que precisamente se ha manifestado este jueves a las puertas de la sede del Gobierno regional para pedir que se reconozca la experiencia a 2.000 sanitarios no asistenciales como veterinarios o farmacéuticos que trabajan para la administración.

La elaboración del catálogo parte del examen de los 17.400 puestos de trabajo actuales, que se deberán ajustar a los cerca de 81 puestos tipo que incluye el catálogo. La Ley excluye del catálogo los puestos de docentes, puestos del personal destinado en instituciones sanitarias y aquellos puestos que por su especificidad no son susceptibles de que se creen otros iguales.

El vicepresidente de la Junta ha apuntado que, al mismo tiempo que se negociaba el catálogo, se han abordado otros compromisos, alguno de los cuales tendrá su reflejo en las Relaciones de Puestos de Trabajo. El más relevante de esos compromisos es la mejora de los puestos de trabajo ultraperiféricos para hacerlos "más atractivos" entre los trabajadores públicos y, así, garantizar una mejor cobertura en los servicios del medio rural.

En la actualidad, según ha explicado De Santiago-Juárez, las plazas del medio rural tienen un grado de cobertura "muy bajo", por lo que se pretende negociar, antes de que finalice el año, una serie de mejoras en esas plazas, con modificaciones que pueden ser económicas o de promoción profesional para los funcionarios que las ocupen durante un tiempo, entre otras.