En una nota, la secretaria de Administración Local y Servicios a la Comunidad de FeSP UGT Almería, Pilar Daureo, ha señalado que "hay un número insuficiente de agentes para atender a la población actual, así como para prestar los servicios adscritos a este cuerpo". Asimismo, ha añadido que el "déficit" se ha visto "incrementado gravemente en los últimos diez años, periodo en el que han estado congeladas todas las ofertas de empleo público".
La responsable sindical ha afirmado que "hay una ratio de la Unión Europea que recomienda dos agentes por cada mil habitantes, teniendo en cuenta dicha ratio, estaríamos ante un déficit de 127 efectivos. Si nos ceñimos a los cálculos realizados por el propio Ayuntamiento, en relación a sus puestos de trabajo, ahora mismo faltarían 83 policías".
En esta línea, ha asegurado que la "falta de efectivos está afectando a servicios que estaba prestando la Policía Local como es el control y vigilancia de la venta ambulante, la protección de edificios públicos municipales o el control del tráfico". Además, según ha abundado, "se está produciendo la externalización de servicios como el control de las cámaras de tráfico".
Según UGT, "el número de patrullas diarias que hay en servicio se reduce a tres o cuatro, algo totalmente deficiente si tenemos en cuenta al gran número de población que se tiene que atender, repercutiendo obviamente en la calidad del servicio que se presta".
Daureo ha incidido también en el "preocupante envejecimiento de la plantilla", puesto que "cuando se produzcan las próximas jubilaciones anticipadas, en unos diez años, habrá la mitad de agentes menos". En este sentido, ha apuntado que para el año que viene hay previstas "58 jubilaciones".
"Sabemos que no es un problema que se pueda solucionar de manera inmediata, pero pedimos al equipo de gobierno que tenga en cuenta las demoledoras cifras y se siente a dialogar para poner encima de la mesa un plan serio que ponga fin a esta problemática", ha insistido la responsable sindical, quien ha reclamado un plan a ejecutar en un plazo máximo de cinco años.
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