El Ejecutivo vasco había previsto una partida de 1,2 millones de euros para estos damnificados y el plazo para la admisión de solicitudes de ayudas debía concluir este jueves. No obstante, todo el proceso de ayudas quedó suspendido por el TC, después de que admitiera el pasado 29 de mayo el recurso del gabinete de Mariano Rajoy.

De esta forma, el alto Tribunal suspendió la vigencia de la comisión de valoración que, más allá de criterios judiciales, atribuye la condición de víctimas de abusos policiales, y todos los artículos que regulan la concesión de ayudas.

Cuando expiraba el plazo inicialmente previsto para la presentación de solicitudes para estas subvenciones, el Gobierno Vasco, a través de un comunicado, ha asegurado que "tiene un compromiso firme, documentado y sostenido en el tiempo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales".

En este sentido, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha insistido en que

mantendrá su "compromiso, a pesar de las dificultades y obstáculos que se están encontrando en el proceso".