![Grupo de Delitos Tecnológicos](https://imagenes.20minutos.es/files/image_640_360/uploads/imagenes/2017/08/10/523400.jpg)
La Policía Nacional ha informado en un comunicado de que los hechos se desencadenaron cuando el detenido decidió denunciar varios cargos fraudulentos de 600, 200 y 100 euros realizados con su tarjeta de crédito, indicando que él no había perdido dicha tarjeta y que nadie más la había usado en su nombre.
Según las pesquisas de los agentes, se pudo determinar que el propio denunciante fue el autor, con el objeto de obtener el reembolso de dicha cantidad, por lo que ante tales evidencias, procedieron a su detención.
La simulación de delito consistió en hacer apuestas en una página web on-line y después denunciar que dichos cargos no habían sido realizados por el denunciante.
Asimismo, esta investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada.
En este sentido, la Policía Nacional ha detectado que hay clientes de servicios bancarios que pretenden recuperar determinados cargos que ellos mismos realizaron en sus tarjetas, reclamando a las entidades bancarias su devolución bajo la excusa de no ser los autores de dichos cargos.
Cuando su entidad les solicitan una copia de la denuncia interpuesta como previo requisito para el trámite de devolución, esos clientes denuncian y terminan realizando una simulación de delito tipificada en el Código Penal, conllevando su detención.
La Policía ha destacado que estas conductas suponen una distracción de las funciones de prevención y persecución del delito que tiene encomendada la Policía Nacional, "además de un perjuicio para la sociedad y va en detrimento de las verdaderas víctimas de hechos delictivos". Asimismo, pueden conllevar la detención por simulación de delito y ser condenado por ello.
Debido al incremento en los últimos años de estos ilícitos penales la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos ocasionados por los simuladores de hechos delictivos, que de media están alcanzando de 200 a 1000 euros y que, cuando la autoridad judicial lo estima ajustado a derecho, son reclamados a los autores de estos hechos.
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