Según ha explicado el Govern en un comunicado, el expediente sancionador se inició en el 2016 a raíz de una denuncia de un particular que confirmaron en una inspección los agentes de medio ambiente.

Los hechos que se imputan a la persona sancionada constituyen una infracción administrativa en materia de dominio público hidráulico calificada como menos grave, con multas que pueden oscilar entre 10.000 y 50.000 euros.

Tras la inspección ha quedado demostrado que se utilizaba un sondeo autorizado para regadío para suministrar agua a la población des Llombards sin la autorización administrativa correspondiente, "con total conocimiento de la persona expedientada".

Igualmente, este cedió la explotación del pozo a uno tercero, que ha seguido explotando el sondeo para un uso no autorizado, sin que conste ningún derecho de cesión en la Dirección General de Recursos Hídricos.

A todo ello, suministro a la población no disponía de los controles sanitarios que corresponden de la Conselleria de Salud y Consumo, con el agravante de que esta situación hace más de veinte años que se produce, según las manifestaciones de la persona expedientada, la cual, además, ha obtenido un beneficio económico.

Además de la multa, el expedientado tiene que restituir el dominio público hidráulico, dado que la finalidad última del procedimiento sancionador es protegerlo. En caso de que no se haga, una nueva extracción de agua sería sancionable de nuevo y la Dirección General de Recursos Hídricos podría iniciar nuevamente acciones sancionadoras contra la persona responsable.