Un gesto con la ciudad que merecía mayor gratitud. Así se siente la agrupación de hosteleros de La Punta de San Felipe, donde el Ayuntamiento habilitó el único botellódromo permitido en la capital, en virtud de la nueva ley andaluza que regula las actividades de ocio en espacios al aire libre, y que supuso el inicio de las sanciones en toda Andalucía a toda aquella persona que practicara el botellón fuera de las zonas urbanas especialmente acondicionadas para ello.

Desde mayo, sólo se puede beber en la calle en esta zona de ocio, situada junto al muelle, y completamente alejada de cualquier vivienda. En el Paseo Pascual Pery Junquera, en cuyos bajos se halla la hilera de discotecas y discopubes, se habilitaron dos barras descubiertas que habrían de gestionar los mismos hosteleros. Pero a día de hoy siguen cerradas.

La consecuencia de esta nueva situación, según se queja un portavoz de los hosteleros, Jerónimo Torrejón, es que ahora la mayor parte de las botellas en la zona llegan en manos de los propios jóvenes que se concentran allí cada fin de semana. Mientras la opción de consumir en los pubes pierde fuelle. Según estimaciones de los industriales, desde que llegó el botellódromo han perdido entre un 20 y un 30 por ciento de la clientela.

La cuestión no es sólo que las barras exteriores sigan inoperativas por los problemas detectados en los cuartos de aseo también instalados en el enclave, es que ahora tampoco se permite penetrar con el vehículo privado hacia el interior de la zona, y muchos clientes habituales de los pubes han terminado por elegir otros destinos más cómodos para el ocio nocturno.

Torrejón lamentó que habiéndole quitado a la ciudad y, en especial, al centro histórico, el "marrón" del botellón, el Ayuntamiento no haya tenido más previsión a la hora de valorar el impacto que ello podría tener sobre los negocios de la Punta de San Felipe, quince en total. Este último octubre, que es la temporada alta en esta zona, ha sido el peor de los últimos quince años, dicen.

Los hosteleros de esta zona también se quejan de las tasas de basuras abusivas que han de pagar, quinientos euros cada dos meses, frente a los poco más de cincuenta de cualquier comercio normal.

Lo que sí alabaron es el imponente dispositivo de seguridad que custodia ahora la zona, con detectores de metales incluido, que se supone evitarán en el futuro incidentes cruentos como los que han estremecido a la ciudad en el pasado.

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