En sus alegaciones, el Gobierno central solicitaba la nulidad del artículo 14 de dicho decreto, que regula la publicidad en páginas web, al considerar que vulneraba la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la

Comunitat al invadir las competencias del Estado sobre publicidad del juego, recuerda el alto tribunal a través de un comunicado.

Sin embargo, en su resolución, el Supremo concluye que el artículo impugnado no conculca las competencias estatales, sino que "encaja de forma natural en la competencia exclusiva sobre juego en su ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana".

En este sentido, afirma que de las dos competencias que el Estado aduce como sustento de su reclamación competencial -la de telecomunicaciones y la de publicidad- hay que descartar la de telecomunicaciones, que está desconectada del objeto del Decreto y del precepto cuestionado.

La sala añade que la publicidad en páginas web regula publicidad, en este caso la del juego, y en nada se proyecta dicha regulación sobre la materia de telecomunicaciones. No se regula el funcionamiento de internet, sino un determinado contenido que puede expresarse en prensa, radio, televisión, internet o cualquier otro medio de comunicación, sin que por ello tal regulación tenga que afectar -como no lo hace en este supuesto- al medio en el que se transmite dicho contenido.

En este caso, señala el tribunal, el reglamento se restringe a la publicidad del juego en la Comunitat Valenciana, por lo que el mismo se mantiene dentro del ámbito de las competencias autonómicas sobre el juego, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional siempre que no exceda del territorio autonómico.

Además, la sala examina si la publicidad en internet regulada en el artículo 14 del Decreto, al ser un medio al que se puede acceder desde cualquier territorio y, por tanto, también desde fuera de la comunidad autónoma, implica que dicha regulación corresponde al Estado, bien por esta sola circunstancia, bien por la competencia general sobre publicidad.

A este respecto, razona que el acceso a internet, posible desde cualquier territorio, no constituye un punto de conexión suficiente como para desplazar la competencia al Estado, pues ese criterio implicaría el vaciamiento de muchas otras competencias autonómicas, ya que la información o acceso a muchas de las mismas pueden ejercerse por vía telemática desde cualquier punto o fuera del territorio nacional, sin que ello lleve a cuetionarse la efectiva titularidad autonómica de dichas competencias.

En este caso, explica la sentencia, el medio utilizado debe seguir a la competencia sustantiva, que es la publicidad sobre los juegos de ámbito territorial restringido al territorio de la autonomía. Por ello, al tratarse de la publicidad sobre una competencia exclusiva autonómica, corresponde también a la comunidad autónoma la regulación de su publicidad.