El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que refuerza el control sobre el gasto de la comunidad autónoma de Cataluña para evitar que la Generalitat destine fondos al referéndum del 1 de octubre.

La orden por la que se ha publicado el acuerdo indica que las medidas adicionales de control que se han adoptado pretenden garantizar la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

En este sentido, señala que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo adicional de financiación que se puso en marcha para paliar la falta de acceso de las comunidades autónomas a los mercados, prevé la remisión adicional de información sobre el estado de gasto público de una comunidad, sus entes dependientes y determinadas líneas de gasto que el Ministerio de Hacienda determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial.

La Comisión Delegada, que recuerda que en noviembre de 2015 ya se reforzaron las medidas, indica que "las recientes manifestaciones de algunos representantes de instituciones" de Cataluña, "declarando su voluntad de continuar con el procedimiento refrendario, que ponen de nuevo en riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las administraciones públicas", le lleva a reforzarlas de nuevo.

Ello implica que a los certificados iniciales y mensuales que tiene que enviar la comunidad autónoma se añade un nuevo certificado semanal, señala la orden, que recuerda que Cataluña, como consecuencia de estar adherida al FLA, ha asumido el compromiso de cumplir lo dispuesto en cualquier disposición que desarrolle ese mecanismo de financiación.

Los responsables de enviar los certificados, desde interventores de consejerías a los directores general de Presupuestos y de Política Financiera, certificarán que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de pagos o gastos que puedan estar destinados a actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum.

El certificado final lo remitirá todos los miércoles el interventor general de la comunidad autónoma al Ministerio de Hacienda, que también tendrá que informar de las consultas que se hayan hecho sobre procedimientos que permitan la financiación del referéndum, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que se le ha dado.

La primera certificación semanal será remitida el próximo miércoles 26 de julio y se referirá al periodo comprendido entre el 17 y el 23 de julio. Además, el 9 de agosto se tendrá que remitir una certificación que se referirá al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año.

En caso de incumplimiento de la remisión de información solicitada o si se concluye del contenido que se ha financiado directa o indirectamente el referéndum, el Ministerio de Hacienda dará traslado a la Comisión Delegada, que adoptaría medidas que pueden llegar a suspender la financiación a Cataluña.

Según el acuerdo de la Comisión Delegada, en la última certificación que remitió el interventor general de la comunidad autónoma figura que a finales del mes de junio se reconocieron obligaciones en el programa de organización de procesos electorales de los Presupuestos de la Generalitat por importe de 19.370 euros y autorizaciones de gasto por 25.520 euros (6.150 euros más sobre los datos del mes precedente).

La orden publicada en el BOE recoge que las medidas adicionales se mantendrán "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general de la comunidad autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos", circunstancia que "deberá ser apreciada por la Comisión Delegada".