Las empresas que aspiran a prestar los servicios del plan de transporte público de Galicia tendrán de plazo hasta el próximo miércoles para presentar sus ofertas.

Será entonces cuando finalice el período de cinco días naturales que establece el pliego para la remisión de propuestas, a contar desde la jornada siguiente a la de la recepción de las convocatorias, que fueron remitidas este viernes por la Consellería de Infraestruturas.

El pliego de condiciones que rige el proceso de contratación de las 41 nuevas concesiones de transporte público de Galicia recoge, según destaca el departamento autonómico, "la voluntad de facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas y de primar la calidad y la seguridad en la prestación de los servicios sobre los aspectos económicos de las ofertas".

Con el primero de los objetivos, y en la línea del acuerdo del Consello de la Xunta, cada grupo empresarial podrá resultar adjudicatario de un máximo de 10 contratos de transporte público. Además, en los diez contratos de menor volumen se priorizarán las ofertas que presenten las pequeñas empresas, según reivindica la consellería.

Dice Infraestruturas que "en la búsqueda del refuerzo de la calidad y de la seguridad en la prestación de los servicios de autobús", en la valoración de las ofertas "se tendrán en cuenta aspectos tales como la antigüedad máxima y promedio de los vehículos, los cinturones de seguridad o la dotación de una base o instalación fija que permita acortar los tiempos de respuesta".

Estos criterios objetivos establecidos para la adjudicación de los contratos tendrán un peso diferente en función del tipo de servicio del que se trate. De esa forma, por ejemplo, para las líneas que operen en los entornos metropolitanos se puntuará el compromiso de instalación de dispositivos de cobro homologado con las tarjetas del transporte metropolitano de Galicia.

Además, el pliego prevé ya las exigencias técnicas necesarias para hacer posible la puesta en marcha de los planes de transporte metropolitano en las áreas de Ourense y Pontevedra.

En el caso de los servicios de transporte escolar de uso compartido "cobrará especial relevancia la adscripción de vehículos proveídos de cinturón de seguridad", destaca la Xunta. En estos servicios se valorará también la estabilidad y la seguridad del personal acompañante para garantizar la calidad del servicio.

Se tendrá en cuenta el incremento de kilómetros de servicios sobre los establecidos en los proyectos de explotación, además de la oferta que se presente para la realización de servicios complementarios.

A PARTIR DE AGOSTO

El inicio del plazo para la presentación de ofertas es "un paso más", según la nota de prensa, en la tramitación prevista para la puesta en marcha del plan de transporte público de Galicia en el próximo mes de agosto.

"Será entonces cuando se materialicen las renuncias presentadas por las empresas a las concesiones de transporte, que dejarán sin funcionamiento más de 570 líneas de transporte público", indica.

Conforme a la nueva normativa europea, que prohíbe las prórrogas de las concesiones de transporte, la Xunta de Galicia activó un procedimiento extraordinario para garantizar la existencia de servicios de autobús en los ámbitos afectados por las renuncias empresariales.

Ese procedimiento está recogido en esta primera fase del plan de transporte público de Galicia, que prevé contratos por un período de dos años, hasta que en el año 2019 se ponga en marcha la reordenación integral de concesiones en Galicia.

La Consellería de Infraestruturas insiste en que el plan de transporte público de Galicia "no sólo permitirá mantener esos servicios y el empleo, sino que mejorará notablemente las posibilidades de movilidad en el medio rural".

"Eso será posible -incide- al permitir que los vecinos empleen las plazas vacantes de las líneas de autobús de transporte escolar, un sistema que tiene una red territorial mucho más extensa que el transporte de uso general".

Ese uso compartido del transporte irá acompañado, asegura, "de mejoras también para los escolares, cuya atención estará blindada en los contratos, manteniendo intactos los tiempos de recorrido y los horarios de salida y llegada".

Además, añade que "se incluirán garantías más elevadas que las previstas por la ley, al asegurarse la presencia de un monitor acompañante escolar en todas las rutas de transporte compartido".