El ministerio público describe en algo más de 400 páginas la relación entre Blasco y Tauroni y el "entramado" generado para desviar 4.639.840 millones de euros de dinero que debía haber sido destinado a países del Tercer Mundo. Este escrito obra en poder del Juzgado de Instrucción número 21 de València, encargado de esta causa, y en el mismo reclama un total de 167 años, 11 meses y 1 día de prisión para 20 de los procesados, 16 de ellos para el exconseller.

Una parte del escrito de acusación se destina a aclarar la relación entre Blasco y Tauroni, ambos en prisión tras su condena por la pieza principal del caso Cooperación. El fiscal, Vicente Torres, señala que Blasco adjudicaba subvenciones a Tauroni -bien a través de la Fundación Hemisferio o de pequeñas ONG- para obtener un "enriquecimiento personal" del que también se habría favorecido Marc Llinares, exjefe de Área de Cooperación.

Según el fiscal, la finalidad "última" de Tauroni era obtener un beneficio neto de cada proyecto subvencionado de cuanto menos un 50% de la cantidad subvencionada por la Administración. Para ello, contaba con la colaboración de su hermano, Arturo Tauroni, Alfonso Navarro y su empleada Maribel Castillo, "quienes estaban al tanto del dinero que se desviaba".

Blasco y Tauroni -siempre según el mismo escrito provisional- mantenían una comunicación "fluida" en interés "del negocio común". De hecho, el exconseller "conocía" las sociedades que tenía Tauroni tanto en España como en EEUU puesto que éste "elaboraba memorias donde señalaba todas las empresas de las que se valía para ejecutar el desvío de fondos". "No solo esto, también le indicaba cuáles iban a ser las líneas de negocio a seguir por sus empresas, el beneficio que pensaba obtener y cuáles eran las ONG que controlaba", agrega el fiscal.

VENTAJAS "DE TIPO MONETARIO"

Tras el cese de Blasco como conseller, ambos "siguieron manteniendo conversaciones que ponían de relieve la estrecha relación existente entre ellos y la obtención de ventajas de tipo monetario por parte de Tauroni".

De hecho, el exconseller, a quien el ministerio público da por probado que la trama identificaba como 'Conejo', 'Roger Rabit' o 'Conill', "indicaba a Tauroni a qué convocatorias debía presentarse, no solo en la Comunitat, sino también fuera de ella, haciendo uso de sus contactos políticos".

"En realidad -prosigue-, pese a que Blasco hacía cesado como conseller en junio de 2011, seguían manteniendo conversaciones relacionadas con la actividad llevada a cabo por Hemisferio en la Conselleria de Solidaridad como en la que debía desarrollar en la Diputación de Valencia o en la Comunidad Autónoma de Asturias".

Como consecuencia de estas actuaciones, Tauroni "solía entregarle con regularidad pequeñas cantidades de dinero en metálico, que le entregaba directamente o en sobres a través de su secretaria personal". "Era habitual que Tauroni indicase a su hermano o a Maribel Castillo que llevasen sobres a Blasco a través de su secretaria a la sede de las Corts, quedando bien en su despacho, bien en la Casa de los Caramelos", apostilla el ministerio público.

El fiscal describe en su escrito que la relación "estrecha" que existía entre Blasco y el empresario Tauroni se plasmó en la presentación por parte de la entidad Amela de un proyecto a la convocatoria de subvenciones del año 2011 en la Conselleria de Solidaridad. La vicepresidenta de esta organización era Consuelo Ciscar, esposa de Blasco, y el gerente, Adolfo Soler, testaferro de Tauroni. Amela finalmente retiró sus proyectos por indicación de su presidenta.

PAPEL DE MONTERDE

En el escrito del fiscal se nombra en diferentes ocasiones al exgerente de Las Naves Rafael Monterde, quien ha sido cesado recientemente de su cargo tras hacerse públicas varias informaciones en las que se le vinculaba con miembros de la trama del caso Cooperación. Monterde no está procesado en la causa puesto que, según ha podido saber Europa Press, no existen pruebas de que participara directamente en modificar la evaluación de proyectos. Únicamente ha declarado como testigo.

El ministerio público explica que "confeccionó" los criterios de valoración para la evaluación de proyectos de la convocatoria de subvenciones del año 2010, y evaluó proyectos en dicha convocatoria junto con su equipo, colaborando con la evaluadora de Castel Aznar -cuyo directivo Luis Castel está procesado- y dando información extra oficial a Llinares sobre las entidades y proyectos que se presentaron ese año a la convocatoria de formación e investigación.

Además, sitúa a Monterde como persona que intentó convencer a Llinares para que contratara a un equipo, en el que estaría él detrás, para hacer un seguimiento de los proyectos 'a posteriori' de su ejecución, trabajos denominados de 'meta investigación'.

El fiscal también describe cómo en una ocasión, cuando salió en prensa información que cuestionaba la transparencia de la actuación de la conselleria en materia de subvenciones, Monterde mandó un correo electrónico a Llinares "dándole consejos de cómo actuar ante la información publicada". "Le recomendó mantener una presentación del hospital de Haití y convocar a la prensa al menos a una parte de la reunión, aconsejándole de igual forma la comparecencia del conseller".