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Funcionarios en su puesto de trabajo. EUROPA PRESS

El Gobierno ha aprobado este viernes una oferta de empleo público de 20.280 plazas: 15.998 ordinarias y 4.282 extraordinarias para lucha contra el fraude y la mejora de los servicios públicos.

Según ha explicado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a estas plazas se suman 7.969 plazas aprobadas en marzo, lo que da un total para este año de 28.249 plazas.

Es la mayor oferta de empleo público de la última década.

De las 14.155 plazas de libre ingreso, 10.323 son de carácter ordinario (reposición de bajas por jubilación) y otras 3.832, extraordinarias (nuevo empleo). El resto de plazas, 6.125, serán para promoción interna de funcionarios de la Administración General del Estados (AGE). De estas, 5.675 son ordinarias y 450, extraordinarias.

Del total de oferta extraordinaria -esas 4.282 plazas que se convocarán entre 2017 y 2018- Hacienda detalla que 2.150 irán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 415 al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 564 a la Seguridad Social, 320 a la Inspección de Trabajo, 178 a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 150 al DNI y 505 al DGT.

Y del total de la oferta ordinaria, 15.998 plazas, 11.844 van a la Administración General del Estado, 3.794 a Justicia y 450 a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional.

Montoro ha explicado que la oferta es "fruto de la negociación con los representantes de las centrales sindicales", a quienes ha querido agradecer su posición durante este acuerdo, ya que han respondido "de una forma extraordinaria".

También ha resaltado la importancia de esta convocatoria porque ha dicho que no solo supone un aumento en el número de plazas de empleo público, si no que busca "mejorar la calidad de los puestos de trabajo" reduciendo la interinidad. "Supone dejar atrás el pasado", ha añadido Montoro, que ha agradecido a los funcionarios sus esfuerzos en una etapa complicada.

Nombramiento del fiscal Luzón

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Alejandro Luzón como fiscal jefe de Anticorrupción a propuesta del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Luzón, a sus 53 años, volverá a Anticorrupción, la Fiscalía que ayudó a fundar a las órdenes de Carlos Jiménez Villarejo en 1995 y en la que trabajó durante veinte años hasta que fue nombrado teniente fiscal de la Secretaría Técnica.

"Un hombre de la casa", como así le definen las asociaciones fiscales y el propio Ejecutivo. A Luzón le han votado los seis consejeros de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, pero en la votación de febrero, cuando fue elegido Moix, quienes le apoyaron fueron los tres de la progresista UPF.

Si a eso se le suma el respaldo de APIF (la tercera asociación), Luzón aparece como el candidato ideal para calmar las aguas que se revolvieron con la llegada de Moix a Anticorrupción y con su manera de "poner orden" en esa Fiscalía.