Esta calificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se refiere a una de las empresas investigadas en el denominado caso 'Edu', del que se archivó la parte principal relacionada con los cargos públicos y políticos, así como la mayoría de las piezas separadas sobre las sociedades que obtuvieron ayudas de la Junta de Andalucía.

En concreto, se trata de las conclusiones provisionales sobre una empresa, constituida en diciembre de 2007, a la que se le concedió una ayuda de 75.060 euros para un curso de formación sobre prótesis dental dentro de la convocatoria de subvenciones con compromiso de contratación de diciembre de 2010.

Según el escrito inicial del fiscal, en agosto de 2011, la empresa recibió un anticipo del 75 por ciento de la subvención, por importe de 56.295 euros, quedando el resto pendiente hasta la liquidación una vez terminadas las acciones formativas y efectuadas las justificaciones pertinentes, lo que se produjo en noviembre de 2014.

El curso, de 695 horas, comenzó en abril de 2011 y finalizó en enero del año siguiente. Dos de los acusados, un hombre y una mujer, eran los socios de la empresa y el tercero figuraba en la ficha del curso como monitor para impartir clases de Anatomía y Fisiología Bucodental y de Prótesis Dentales fijas.

En el acta de evaluación final del curso, este monitor aparecía, según sostiene la acusación pública, y en diciembre de 2011 firmó dos facturas por la impartición de las clases correspondientes, una de 3.612 euros y otra de 10.200 euros, realizándose por parte de la empresa una transferencia por ese importe en marzo de 2012, que fue anulada a petición del propio monitor acusado.

Uno de los socios solicitó la liquidación del curso, constando en esa liquidación de gastos la cantidad de 16.250 euros para el monitor, señala el ministerio fiscal, apuntando que ya en diciembre de 2014, la sociedad presentó escrito indicando que el profesor había percibido 13.812 euros por las clases y solicitando el descuento de dicha cantidad.

Así, en ese escrito se indicaba que el monitor había presentado un contrato de trabajo con exclusividad con la Junta de Andalucía, al ser docente en un colegio de Málaga; por lo que la sociedad realizó dos transferencias de devolución, la segunda hecha en enero del pasado año 2016, una vez ya se había iniciado este procedimiento judicial.

Para el fiscal, de estos hechos se desprende "la existencia de un pacto entre los acusados para que los socios de la empresa obtuvieran un beneficio ilícito" haciendo constar al tercer acusado "ficticiamente y con su consentimiento" como uno de los monitores que impartieron el curso "cuando en realidad éste no impartió ni tenía propósito de hacerlo", al impedírselo su exclusividad con la Junta.

Con esta maniobra "fraudulenta", sostiene inicialmente la Fiscalía, la empresa "pretendía acreditar ante el SAE gastos inexistentes e incorporar a su propio patrimonio el importe de la subvención correspondiente a estos costes que nunca tuvieron lugar", además de que se confeccionaron "artificiosamente" las facturas que "acreditaban falazmente" los servicios del monitor.

Para el fiscal, se trata de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento, solicitando que se imponga a cada uno de los acusados un año y ocho meses de prisión y el pago de una multa de 2.880 euros, al considerar que se debe aplicar la circunstancia que atenúa la pena de reparación del daño.