En su nuevo auto notificado hoy, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la juez Verónica María Marcos desestima los recursos de reforma interpuestos por contra uno anterior que acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado contra Luis Alberto Samaniego, su hijo Luis Javier, el primo del primero y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, por entender que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos continuados de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

Desestimados los recursos de los imputados-el único que no recurrió fue Antonio Bernardo Samaniego-, será ahora la Audiencia de Valladolid la encargada de pronunciarse ya que, subsidiariamente, los letrados defensores han elevado también su petición a la Sección Segunda de lo Penal.

La decisión de la juez, adoptada a finales de mayo, obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

En su auto, la instructora acordó el sobreseimiento provisional respecto de las diligencias sobre dos contratos de arrendamiento de dos naves a empresas de la familia Samaniego entre los años 2002 y 2007 por los que el Consistorio pagó 300.000 euros, al no hallar indicios de delitos en los mismos.

En el relato de hechos presuntamente delictivos, la juez recuerda que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

Y ello, como así advierte el auto judicial, "a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar", a lo que la juez del caso añade que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.

"Se trata de una actividad delictiva organizada y continuada en el tiempo en la que hubo una confusión total porque había trabajadores del grupo de empresas de los Samaniego que acabaron cobrando también del Ayuntamiento", apuntó entonces el responsable de los servicios jurídicos municipales, Rafael Guerra.