En este sentido, a través de un comunicado, el decano ha criticado que el Grupo Parlamentario Socialista "haya presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que pide que se adopten las medidas necesarias para que se adscriban a Granada las dos secciones de la Sala de Apelación Penal que se han creado mediante el Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo".

"Es una falta de respeto intolerable y una injerencia política al Poder Judicial que no se debe permitir", ha manifestado Lara, quien ha asegurado que con esta iniciativa se "ningunea" a tanto a los profesionales del ámbito jurídico como a los justiciables, por lo que ha pedido al resto de grupos parlamentarios que la rechacen.

Ha recordado que según la memoria del TSJA, "Málaga es la provincia andaluza con mayor litigiosidad, con un total de 19.163 asuntos penales tramitados en el año 2016", seguida de Sevilla, "con 18.342". "Lejos, con solo 8.715 asuntos, está Granada", ha puntualizado.

Además de esta diferencia cuantitativa, el decano ha insistido en que "las características de los procedimientos penales que se gestionan en esta provincia son diferentes a las del resto de Andalucía, ya que en Málaga es donde se juzgan más macrocausas que, a su vez, generan muchos recursos, y es una de las provincias españolas con mayor número de causas con jurado".

Lara ha insistido en la necesidad de que "esos recursos se estudien en Málaga y no en Granada, con lo que se contribuye a descongestionar la tramitación de los procedimientos y se evitan desplazamientos innecesarios a los justiciables, especialmente en el caso de que sean beneficiarios del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y se les tuviera que designar abogados de oficio de Granada y, por tanto, distintos a los que asumieron la defensa y les acompañaron durante toda la causa".

"Es inexplicable, la Justicia no puede ganarse el respeto de los ciudadanos funcionando de forma incongruente", ha apuntado el decano de los abogados malagueños.

Asimismo, ha recordado que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "ya aprobó por abrumadora mayoría -23 votos a favor de los 28 asistentes- la propuesta de desplazar salas de lo Penal a Málaga y Sevilla", por lo que el decano del Colegio de Málaga ha dicho no entender "que ahora se pretenda cambiar de criterio por cuestiones puramente políticas, pese a que van en contra del interés ciudadano".

"El PSOE está enfocando esta cuestión fomentando el enfrentamiento entre ciudades andaluzas", ha asegurado, incidiendo en que no se debe cuestionar la capitalidad judicial de Andalucía. "Quiero dejar claro que esto nunca ha estado sobre la mesa: Granada es y seguirá siendo la capital judicial", ha incidido.

De hecho, Lara ha recordado que ya existen salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del TSJA en Málaga. "Lo único que se propone es aprovechar esta oportunidad histórica y ampliar este modelo al ámbito Penal porque sabemos que da buen resultado", ha explicado, reiterando que es "indispensable aplicar el principio de acercar la Justicia al justiciable para ganar en eficacia, confianza y credibilidad".

La petición de la sala desplazada de lo Penal del TSJA en Málaga cuenta con el apoyo de los principales representantes del ámbito judicial malagueño y de la sociedad civil. El pasado 8 de mayo, el Colegio de Abogados de Málaga organizó un acto para reivindicar esta sala que contó con la presencia del decano; el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; y la vicepresidenta de la Diputación Ana Mata.

También estuvieron el diputado nacional Avelino Barrionuevo, el decano del Colegio de Abogados de Antequera, José Manuel González; el decano del Colegio de Procuradores, Antonio López; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad malagueña, Juan José Hinojosa; y los portavoces del PP y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde y Juan Cassá, respectivamente.

También mostraron su apoyo a esta iniciativa la Confederación de Empresarios de Málaga, la presidenta de la Audiencia Provincial, el juez decano, el fiscal jefe, los letrados de la Administración de Justicia, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y el decano y la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Melilla.