La Conselleria de Sanidad ha comunicado a Fiscalía que el Hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia), ha realizado pruebas de Neurofisiología a 18 niños menores de tres años sin disponer de la autorización familiar ni haber sido prescritas para estos pacientes pediátricos, que habían sido llevados al centro para consultas por motivos distintos a esa actuación, según han informado fuentes de este departamento a Europa Press.

Desde el centro se ha emitido un comunicado en el que se asegura que un neurofisiólogo del hospital -que ha sido amonestado junto con el jefe de servicio- realizó una prueba "inocua, inofensiva y no invasiva" a esa cifra de menores "para la medición de la conducción nerviosa", y reconoce que no se disponía del consentimiento informado de los padres "por una errónea interpretación administrativa".

Una investigación interna concluyó que ese "fallo administrativo" se produjo porque esta prueba "se realizaba en el transcurso de otra para detectar problemas auditivos en pacientes pediátricos, que requería sedación, y para la que sí tenía, en todos y cada uno de los casos, la autorización de los padres o tutores". Por ello, justifica que el neurofisiólogo consideraba que, con esa autorización de origen, cumplía con los trámites administrativos.

De igual modo, indica que colaboró con la Conselleria de Sanidad en la investigación, que concluyó igualmente en que la prueba no había causado daño o tenido efectos secundarios en los pacientes pediátricos y que así lo comunicó la administración a los padres por escrito.

DENUNCIA DE UN SINDICATO

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad, la administración recibió una denuncia de un sindicato el pasado 23 de febrero, en la que se alertaba de esta situación. La Dirección General de Recursos Humanos lo envió a la alta Inspección de Investigación para aclarar lo sucedido.

En este caso se llevó a cabo un análisis de registros asistenciales (datos clínicos) del departamento aludido y comparecencias de los implicados. Con esas pruebas documentales y los testimonios, el Servicio de Inspección de la dirección territorial abrió un expediente informativo.

Al mismo tiempo, desde la Conselleria de Sanidad se consultó con el equipo jurídico y la Abogacía de la Generalitat para ver las opciones a seguir y, con la información recabada, se decidió la semana pasada dar traslado a Fiscalía para que investigue si ha habido algún delito en este proceder, independientemente del expediente abierto en vía administrativa.

De acuerdo con este departamento, la prueba realizada consistió en la estimulación de uno o varios nervios, casi siempre el frénico, para registrar la respuesta, recoger la señal en una gráfica y archivarse el patrón de respuesta en una base de datos. Esta prueba se llevó a cabo en niños sanos "aparentemente aprovechando que iban a consulta" por otros motivos.

Desde la Conselleria se ha señalado que esta situación se puso en conocimiento de los padres afectados a través de cartas donde se ofrecía teléfonos de contacto de este departamento de atención directa y, hasta la fecha, una familia ha pedido entrevista con la

directora general.

SIN RIESGO NI DAÑO ALGUNO

El Hospital de La Ribera ha insistido en que la investigación realizada ha determindo que no ha habido "riesgo ni daño alguno a los pacientes pediátricos" y que el especialista "actuó en todo momento de buena fe y con un fin médico para descartar patologías nerviosas que pudieran estar asociadas a la prueba auditiva de origen y, por lo tanto, tener un diagnóstico más preciso".

En esta línea, precisa que la sedación se hizo "siempre" ajustada a las características y parámetros requeridos en la rueba principal de exploración auditiva "y en ningún caso se alargó la sedación para realizar la segunda". En todo caso, detalla que los especialistas sostienen que es más invasiva la prueba de extracción de sangre que se realiza a los menores y no requiere consentimiento previo por escrito.

La dirección del centro decidión amonestar por escrito al especialista y al jefe de servicio y la elaboración de un protocolo interno para "garantizar en el futuro el correcto procedimiento administrativo de la citada prueba". Asimismo, contactó con los padres para informarles, transmitirles "absoluta traquilidad" y atender sus dudas.

El hospital recalca que la decisión de Sanidad de llevar lo sucedido a Fiscalía se ha hecho "unilateralmente" y sin comunicarlo previamente al centro.