Durante su intervención, Barroso ha recordado que en el año 2003 tenía "intereses inmobiliarios en la localidad", donde compró unos terrenos que contaban con "todas las autorizaciones" para construir villas turísticas. Para ello, asegura que se reunión en varias ocasiones tanto con el exalcalde como con Casto Pino "y empezamos a detectar problemas con el Ayuntamiento".

"El tema se puso feo, me dijeron que mi empresa no iba a construir allí y ya se pasó más al tema personal que a los negocios, que eran totalmente legales", ha remarcado Barroso, quien ha asegurado que "todo en Aljaraque se hacía pagando. De hecho me pidieron 300.000 euros y a otros constructores también".

"Yo me tuve que ir de Huelva porque no podía trabajar ni con el Ayuntamiento de Aljaraque ni con el de la capital, perdí a mis clientes y me fui a Madrid para iniciar otro tipo de actividad laboral", ha insistido Barroso, y en 2007 decidió interponer la denuncia porque "había sufrido mucho y me parecía injusto lo que habían hecho conmigo". A su vez, ha recordado que el ex primer edil le interpuso una querella que "finalmente se archivó".

En primer lugar, ha declarado un agente de Vigilancia Aduanera que investigó los hechos y la empresa del alcalde con su socio, al que Hacienda le hizo una inspección, y ha precisado que aunque no culminaron la investigación, "si se apreció un desfase patrimonial en las cuentas de ambos".

Los tres vuelven a ser juzgados después de que la Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal ordenara repetir el juicio contra ellos, al anular la sentencia absolutoria para el ex primer edil dictada en agosto de 2015 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva.

No obstante, esta sentencia sí condenaba por delito fiscal a un año y medio de cárcel y al pago de multas al ex concejal de Urbanismo de la misma localidad Casto Pino, el cual se acogió a su derecho de no declarar en esta nueva vista, y le absolvió de delitos de blanqueo de capitales y cohecho, condenando también al socio

del exalcalde a un año de cárcel por delito fiscal.

En su declaración en la primera sesión del juicio, Orta, como ya hiciera en abril de 2015, se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía, y reconoció, a preguntas del abogado del Estado, que en su trabajo en su empresa como abogado "cobraban facturas en negro, que no declaraban", aunque negó que hubiera "una contabilidad paralela", al tiempo que reconoció que "no lo tendrían que haber hecho así".

Sobre el denunciante de los hechos, Orta desvinculó en todo momento su actividad empresarial y la de alcalde de la localidad aljaraqueña y remarcó respecto a la denuncia que se trata de "un misterio" y que prácticamente "echó del despacho" a la persona que la interpuesto que, a su juicio, "odiaba al Ayuntamiento porque se le habían negado muchas cosas" relacionadas con negocios de construcción, de los que era intermediario.

Orta señaló del mismo modo que las inspecciones realizadas por parte de Hacienda "no llegaron a concluirse por el procedimiento" y en las mismas se estaban llegando a conclusiones que él aceptó, indicando además que "había entradas y salidas de dinero que no se podían justificar". Por otro lado, preguntado por dos pisos adquiridos en la costa de Huelva, coincidió con su socio que "los compró la empresa que tenía capacidad suficiente para ello".

El juicio, celebrado en la Sección Primera aunque con magistrados de la Tercera, continuará este miércoles con la declaración de las empleadas de la citada empresa.

MOTIVOS DE LA REPETICIÓN

Cabe recordar que el Tribunal Supremo ordenó un nuevo juicio oral con nuevos magistrados al estimar los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria, valorando también las intervenciones telefónicas y otras pruebas excluidas en el primer juicio, y teniendo en cuenta que el auto de cuestiones previas del caso que estableció la prescripción del delito de falsedad documental contenía errores de motivación.

Entre otros argumentos, el alto tribunal no comparte con la Audiencia de instancia que el oficio de Vigilancia Aduanera pidiendo los pinchazos telefónicos se basara en "vagas informaciones o especulaciones".

El Supremo señaló que estas intervenciones se basaron en "datos objetivos provenientes de registros públicos, que revelan que en una localidad en plena expansión urbanística, dos personas especialmente expuestas políticamente desde perspectivas antiblanqueo, como son el alcalde de la localidad y el concejal de urbanismo, realizaron inversiones cuyos ingresos declarados son insuficientes para generar su coste".

Del mismo modo, destacó "el desajuste patrimonial que se reitera con personas de su entorno con los que participan en diversas sociedades y, a su vez, igualmente que alguna de estas sociedades también realiza adquisiciones inmobiliarias sin generación de ingresos que alcancen esa inversión".