El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que no hará participar en la celebración del referéndum a funcionarios de la administración catalana, sino que formará a "agentes electorales" entre los ciudadanos que quieran colaborar con la votación.

"En ningún lugar dice que los funcionarios tienen que participar en la organización de proceso electorales", ha dicho ante el pleno del Parlament, donde ha asegurado que así figura en toda la legislación estatal sobre elecciones.

Así, ha explicado que la Generalitat abrirá una bolsa para que quien lo desee pueda apuntarse para ser agente electoral, desvinculando así a los trabajadores públicos del referéndum del 1 de octubre: "Nadie será forzado a nada".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha comprometido este miércoles a presentar entre finales de junio y principios de julio "todos los detalles técnicos y legales" que avalarán que el referéndum de independencia tendrá todas las garantías.

Lo ha dicho ante el pleno del Parlament, cuando el diputado de la CUP Benet Salellas le ha reclamado los detalles sobre la votación: "Si lo que queremos hacer es un referéndum en octubre y que sea creíble, necesitamos desde ya las garantías".

Puigdemont ha asumido ante la CUP, por ejemplo, crear una comisión de expertos internacionales formada, entre otros, por juristas que fiscalizarán las garantías que ofrece la consulta, y los 'cupaires' le han recordado que debió hacerse antes de acabar 2016.

El Govern necesitará unas 80.000 personas para hacer el referéndum de independencia que prevé convocar el 1 de octubre: 4.500 agentes electorales y también hasta 76.500 personas para garantizar las mesas electorales.

Así lo han explicado este miércoles fuentes próximas al Govern, que defienden que incorporar a estos agentes electorales y formar las mesas es habitual en unas elecciones, como las autonómicas.

Las mismas fuentes exponen que estos agentes electorales serán voluntarios que quieran colaborar con la organización de un proceso electoral y que reciben un retribución en forma de dietas, y ha asegurado que podrán apuntarse a esta bolsa quien quiera, aunque luego la Generalitat hará una selección.

Es común que funcionarios y trabajadores públicos se registren en esta bolsa, ya que son los primeros que tienen conocimiento de ella y les permite cobrar esta retribución, pero el Govern garantiza que su participación como agente electoral está totalmente separada de su trabajo en la administración catalana.

La función de estos agentes electorales será, por ejemplo, hacer un seguimiento de las incidencias que se puedan producir en los colegios electorales, además de que tener un papel en el recuento de votos en la noche electoral.

La Generalitat también calcula que deberá designar a nueve miembros por cada mesa electoral: tres titulares; tres suplentes y tres segundos suplentes, una labor que normalmente recae en los ayuntamientos pero que está por ver como quedará.

En las elecciones convencionales en Catalunya se calcula que se necesitan de 6.000 a 8.500 urnas y, por tanto, las mismas mesas electorales; así, si se cuenta con que hacen falta 9 miembros por mesa, se necesitarán de 54.000 a 76.500 para el 1 de octubre.

La designación de estas mesas se hará por sorteo, como en unas elecciones habituales, y la Generalitat asegura que no se coaccionará a las personas que se nieguen a participar.

El mensaje que busca transmitir la Generalitat es que en toda la organización del referéndum se buscará replicar la misma estructura que unas elecciones convencionales y que los funcionarios no estarán obligados a colaborar.

Aparte de los agentes locales y los miembros de las mesas, las elecciones también requieren del papel de uno o varios coordinadores locales, en función del tamaño del municipio, cuya designación recae normalmente en los Ayuntamientos.

De nuevo ante la incertidumbre sobre qué consistorios colaborarán y cuáles no, la Generalitat admite que deberá garantizar todo lo que pueda fallar en "esta cadena".

Las mismas fuentes aseguran que disponer del censo electoral no será un problema para la Generalitat, aunque sean unos datos que corresponde al Estado gestionar y decidir si los cede o no, y que ahora la administración catalana busca la manera de "legitimar" este censo.

Todas estos detalles en cuanto a la organización del referéndum se recogerán en una ley del Parlament, y está por decidir si será una ley específica o se incluirá en la ley de transitoriedad jurídica que busca materializar la 'desconexión' entre Catalunya y el resto del Estado.

Según las mismas fuentes, en esta ley habrá una sindicatura electoral catalana, que ejercerá las funciones de la junta electoral central, ya que se da por descontado que el Estado no querrá participar en la celebración de este referéndum.

Además, en muchos municipios la responsabilidad de ceder locales de votación corresponde a los ayuntamientos, pero la Generalitat asegura que está preparada para dar una respuesta ante los consistorios que no quieran colaborar.

De hecho, trabaja con un algoritmo que, ante un ayuntamiento que no quiera ceder un local concreto, establece el edificio de la Generalitat más próximo que se podría habilitar como punto de votación.