Ciudadanos llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria una iniciativa para reclamar que se proteja por ley a los funcionarios de toda la comunidad autónoma que denuncien casos de corrupción, garantizándoles la "indemnidad" de sus puesto de trabajo frente a "posibles represalias" e, incluso, indemnizaciones por los daños que puedan sufrir.

Según ha explicado, en un comunicado, el portavoz del grupo mixto-Cs, Rubén Gómez, que ha registrado este miércoles la proposición no de ley, lo que se pretende es que se regule un marco por el que se protejan de forma "integral" los derechos de estos empleados, como la confidencialidad, o el recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, además de asesoría legal y asistencia psicológica.

Para proteger los puestos de trabajo de los denunciantes, desde Cs se pretende que se declaren "nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y decisiones que constituyan una represalia de las denuncias presentadas".

También quiere Cs que se garantice que que reciban "una justa indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia".

Cs pide que la ley sea de aplicación a los empleados públicos y al resto del personal de servicio de la Administración y del sector público de la comunidad autónoma, así como de ayuntamientos, universidades públicas, e incluso personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas, las entidades adjudicatarias de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, reclama que se les aplique también a las que, en virtud de convenio, sean prestadoras o gestoras de servicios públicos o que ejerzan potestades administrativas así como los proveedores y subcontratistas de las mismas, incluidos, en todos los casos, tanto los gestores como los empleados de todas ellas.

A los efectos de esta ley, piden que se considere denunciante a quien haya sido reconocido como tal por el Consejo de Transparencia de Cantabria, tras haberle facilitado información, que hubiera tenido conocimiento en el desempeño de su empleo, con apariencia suficiente de veracidad, sobre hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas o de delito, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley.

También se pide que se añada a quienes hubiesen denunciado ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial la posible comisión de un delito contra la Administración Pública de los tipificados en el Título XIX del Código Penal, siempre que dicha denuncia fuese admitida a trámite.

Se pide que los denunciantes tengan derecho a la asesoría legal gratuita en relación a la denuncia presentada, sin que tal derecho pueda entenderse comprensivo de los gastos de representación y defensa correspondientes a un eventual proceso judicial relativo a los hechos denunciados cuando lo inste el propio denunciante a título personal.

A tales efectos, se reclama que se suscriban convenios con los colegios profesionales de abogados y procuradores para dispensar la asistencia a los denunciantes en ejercicio del expresado derecho.

Para justificar la petición de su grupo, el portavoz parlamentario ha defendido que la corrupción es un problema que "va en aumento" -apunta que se han descubierto cerca de 200 tramas corruptas desde 1978- y que "urge abordar y atajar".

Y es que, según Ciudadanos, la corrupción "pone trabas a la competencia, lastrando la competitividad" de la economía. Además, sostiene que "no se puede sobrellevar unas malas prácticas que siembran dudas entre los ciudadanos sobre la legitimidad de las instituciones democráticas".

Ciudadanos considera que la lucha contra la corrupción en el ámbito de las Administraciones Públicas "exige garantizar una función pública profesional, independiente y regida por criterios de igualdad, mérito y capacidad" y señala que, sin embargo, "con frecuencia los empleados públicos muestran reticencias a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias".

"Por eso es fundamental proteger a los denunciantes a través de mecanismos eficaces que generen confianza y seguridad frente a posibles represalias", ha reivindicado.

Ciudadanos ha recordado en su comunicado un informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de febrero de 2014 sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, que, según ha señalado, puso énfasis en la necesidad de adoptar mecanismos de denuncia adecuados que codifiquen procesos dentro de las administraciones públicas y abran canales oficiales para comunicar lo que se perciba como irregularidades o actos ilegales que pueden contribuir a resolver los problemas de detección inherentes a la corrupción.

Así, ha apuntado que, a día de hoy, estos mecanismos ya existen en países como Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Noruega, Rumanía, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suiza o Eslovenia.