El nuevo juez instructor de la operación Malaya, Óscar Pérez, que relevó el pasado agosto a Miguel Ángel Torres, considera que en las actuaciones del caso existen defectos de ordenación que han de corregirse porque suponen un «gravamen de calado constitucional».

En un auto, el juez asegura que el examen de las actuaciones pone de manifiesto que son numerosas las medidas de garantía (retenciones de saldos bancarios y prohibiciones de disponer de inmuebles, entre otras) que han sido adoptadas en el proceso «sin que exista una adecuada ordenación de las mismas en piezas separadas».

Según el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, este hecho «impide conocer cabalmente la situación de cada procesado en relación con sus bienes».

Pérez destaca que hay «contestaciones a los oficios» que incluso no están incorporadas y que se encuentran junto a la documentación intervenida e indica que los defectos presentes en la instrucción suponen un «gravamen procedimental», que dificulta «la adecuada resolución de los escritos que presentan las partes».

En el auto, acuerda convalidar todas las medidas de garantías previas a la traba ordenada en las diferentes piezas separadas de responsabilidad civil de los procesados, así como el embargo de todos los bienes afectados por dichas medidas.

Patrimonio de Roca

El magistrado ordena formar piezas separadas, entre otras de las medidas de aseguramiento adoptadas respecto a cada uno de los procesados, así como una en la que se haga constar el patrimonio del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. El juez acuerda también que dicho patrimonio, correspondiente a saldos bancarios en España y en el extranjero y a sus sociedades y bienes, será tasado por peritos una vez verificado.

Del Pozo no falseó documentos

Óscar Pérez ha acordado el archivo de una causa contra el ex jefe de la Policía Local de Marbella Rafael del Pozo por un supuesto delito de falsedad documental. El juez Torres ordenó en abril la apertura de una pieza separada en relación a un informe de 2005 sobre la actividad policial en materia de paralización de obras, presentado por Del Pozo para probar que cumplió con su deber de perseguir delitos. En el auto dictado ahora, Pérez considera que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito».