El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ONG que asesora en materia de patrimonio histórico, cultural y natural a la Unesco, cree "prioritario y urgente restituir la legalidad urbanística" en el entorno protegido del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en la capital, en la actualidad rodeado de viviendas ilegales.

Así se indica en el informe realizado a lo largo del último año y difundido por el Comité Español de Icomos, en el que hace una serie de recomendaciones a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, a los que conmina a solucionar el problema que, por su "dejación de funciones", se ha creado con la proliferación, desde finales de los 80 del pasado siglo, de parcelaciones y construcciones ilegales en torno a la antigua ciudadela califal del siglo X.

El documento de Icomos recomienda, en primer lugar, "que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Obras Públicas , asuma de una vez su responsabilidad en la degradación del territorio andaluz a través del control de las parcelaciones ilegales".

El informe de Icomos reclama a la Junta que no permita que se dote a las construcciones de servicios básicos
Para ello se sugiere, además, "que se controle mejor y se impida la incorporación de los servicios básicos a través de actitudes y acciones serias y contundentes, conminando a que los ayuntamientos", como el de Córdoba, "no surtan del servicio de agua y alcantarillado, y a las compañías eléctricas, para que no faciliten enganches a sus redes".

En cuanto al conjunto arqueológico objeto de este informe, que está declarado, junto con su entorno, Bien de Interés Cultural (BIC), Icomos llama a la citada restitución de la legalidad urbanística en su entorno, "incluyendo obviamente la del Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra, de forma que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que los valores públicos que defiende el urbanismo democrático, especialmente en el ámbito espacial de bienes culturales excepcionales, debe primar sobre los intereses privados".

"Estos intereses privados --prosigue el informe de Icomos-- han de conocerse, evaluarse y salvaguardarse en todo aquello que no vulnere la legalidad urbanística y patrimonial vigente.

Además, en toda negociación con los parcelistas no se aconseja la falta de generosidad de las instituciones públicas, pero se recomienda que no tengan el mismo trato que tendría cualquier otro ciudadano que hubiese construido conforme a la legalidad.

No premiar a los ilegales

En consecuencia, para la ONG asesora de la Unesco, "se debe resolver el conflicto, pero no premiar a las personas que actúan al margen de la legalidad y normativa urbanística, como sucede a menudo ante las denominadas situaciones consumadas. Las personas que edificaron de forma irregular no pueden ampararse en que se trate de un proceso antiguo o de falta de transparencia municipal".

Las personas que edificaron de forma irregular no pueden ampararse en que se trate de un proceso antiguo o de falta de transparencia municipal

A este respecto, en el informe de Icomos se afirma que "el Ayuntamiento ha dado muestras, desde hace años, de que facilita toda la información pertinente en materia urbanística que le es solicitada y no se le puede tachar de institución poco diligente en materia urbanística, salvo en el control de las urbanizaciones ilegales, que, además, fue más efectivo en los últimos 80 y primeros 90 que en la segunda mitad de ese último decenio y en parte del actual".

Junto a ello, Icomos recomienda a la Junta "una actitud más abierta y comprometida respecto a la gestión del entorno de Madinat al-Zahra", ya que, "no es aceptable que, cuando una de las partes requiere encontrarse para tratar sobre posibles soluciones, la Administración pública autonómica se inhiba", lo cual "es especialmente grave cuando fue la propia Delegación de Cultura la que inició la llamada de atención al Comité Nacional de Icomos".

La Consejería de Obras Públicas, "si bien ha demostrado mayor interés en participar en reuniones para tratar este asunto, no puede dejar de afrontar su responsabilidad en la tutela y control del urbanismo en la comunidad".

En consecuencia, y en función de lo expuesto, Icomos "urge a las instituciones responsables a establecer una mesa de resolución conjunta del conflicto de las parcelaciones ilegales, satisfactoria para los intereses públicos y siempre en el marco de la legalidad vigente. Esta mesa debería establecer un calendario de actuaciones que iniciase sus trabajos en un plazo razonable de dos meses".

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