Los delitos son blanqueo de capitales, pertenencia a un grupo criminal, salud pública, delito continuado de falsedad de documento público, usurpación del estado civil y tenencia ilícita de armas.
La red operaba en Estados Unidos en connivencia con un médico, dedicada a vender en Internet hidrocodona y otros fármacos sin licencia. Anteriormente, uno de los integrantes de la red ya se había enfrentado a cinco condenas en Reino Unido por robo y alcoholemia.
Como consecuencia de la investigación desarrollada por la DEA en Estado Unidos, los procesados se trasladaron a España para continuar con su actividad, reproduciendo la estructura que en dicho país había desarrollado.
Así, comenzó a vender este opioide y durante cuatro años obtuvieron beneficios cercanos a los 80 millones de euros por la venta de 50 millones de pastillas.
El plan consistía en la entrada masiva de fondos con origen delictivo en España por transferencias bancarias desde cuentas y sociedades estadounidenses. Dichos fondos se usaban para constituir una sociedad instrumental.
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