Los dos ancianos no se han sentado solos en el banquillo. Les han acompañado sus tres hijas. Los cinco, como presuntos autores de un delito de insolvencia punible, se enfrentan a cuatro años de prisión que es lo que le solicita la acusación particular, al pago de multas de 9.000 euros cada uno y al pago solidario de una indemnización de casi 490.000 euros.

El origen de esta causa se remontan al 16 de abril de 2008 en Montizón (Jaén) cuando el demandante sufrió un accidente trabajando con una motoniveladora que le llevó a estar dos meses en la UCI y que le ha supuesto la invalidez permanente absoluta.

Dos meses después, los dos ancianos acompañados de sus hijas se trasladaron desde Jaén a Benidorm (Alicante) para firmar ante notario la donación de sus bienes. Posteriormente, la persona accidentada fue ganando los juicios por lo Social que le reconocían su condición de trabajador y las correspondientes indemnizaciones por casi 490.000 euros. Sin embargo, ha día de hoy no ha podido cobrar ni un solo euro porque los principales acusados no disponen ya de patrimonio para hacer frente al pago de lo estipulado en sentencias firmes.

D.N.R. ha indicado en el juicio que él solo prestó la máquina con la que el denunciante tuvo el accidente y ha insistido en que hizo la donación de casi todo su patrimonio a sus tres hijas porque "era costumbre de la familia" hacerlo en vida y no mediante testamento.

Ha rechazado que lo hiciera para eludir posibles indemnizaciones y ha subrayado que cuando se llevó a cabo la donación ni tan siquiera había recibido notificación alguna de demanda por parte de la persona accidentada. En esta misma línea se ha pronunciado su mujer que ha subrayado que la decisión de donar su patrimonio a sus tres hijas estaba tomada desde hacía tiempo, pero que no fue hasta esa fecha cuando todos pudieron coincidir para desplazarse un sábado a Benidorm y firmar los documentos ante un notario que era conocido de la familia.

Por su parte, las tres hijas han insistido en que conocían el accidente, pero desconocían que su padre pudiera verse implicado en el mismo. De hecho, han apuntado que se dieron cuenta a finales de 2008 cuando fueron citadas a declarar en el juzgado.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal no ha presentado cargos.