Según la sentencia a la que ha accedido Europa Press, se les absuelve de malversación al quedar "acreditado que el destino dado a los fondos percibidos en concepto de subvención consistió en hacer frente a una finalidad pública (pago de nóminas y facturas de proveedores, así como a gasto corriente".

También se les absuelve de fraude de subvenciones por considerar que "la conducta llevada a cabo por los acusados no ha causado daño o menoscabo alguno al patrimonio público". Insiste el tribunal en que "no se ha producido menoscabo de la riqueza colectiva" ya que aunque los fondos de las subvenciones se destinaron a otros fines distintos a los previstos, estos fueron para el "pago de gastos de carácter público del Ayuntamiento".

De esta forma, el tribunal respalda la declaración del exalcalde de Jamilena que declaró que "nadie se llevó el dinero" procedente de las dos subvenciones concedidas para la construcción de una guardería en el municipio, sino que "vino una época mala y hubo que destinarlo a otras cosas" como el pago de nóminas o de facturas de proveedores.

Ya durante el juicio, el Ministerio Fiscal que le acusaba inicialmente de dos presuntos delitos de malversación por los que le reclama diez años de prisión y 26 años de inhabilitación absoluta, cambió su calificación al considerar que los hechos juzgados eran constitutivos de un delito de fraude de subvenciones por el que reclamó un año de cárcel y multa de 440.126 euros.

La misma pena solicitó el Ministerio Fiscal para el exconcejal de Urbanismo de Jamilena, D.C.L., y el tesorero, José C. Ch., que también han salido absuelto.

La acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Jamilena pedía para los tres acusados seis años de cárcel por delitos de fraude de subvenciones y multas por valor de tres millones de euros o subsidiariamente seis años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos.

Los hechos denunciados y ya juzgados se remontan a 2009 cuando el Ayuntamiento de Jamilena solicitó a la Junta de Andalucía dos subvenciones para la construcción de una guardería municipal. De esta forma, la Delegación de Educación le concedió una subvención de 251.500 euros, mientras que la Bienestar Social aportó 188.625 euros.

Cazalla dijo durante el juicio que lo único que hizo fue atender al principio de caja única y destinar ese dinero al pago de nóminas y a empresas que "lo estaban pasando muy mal y que podían cerrar si no les pagábamos lo que le debíamos". Declaró que su previsión era la de poder recuperar el importe de las subvenciones con otros ingresos, aunque finalmente éstos no llegaron y en las municipales de 2011 perdió la Alcaldía.

El exalcalde socialista de Jamilena insistió en su declaración que hizo lo que hizo porque "no podía tener ese dinero y permitir que las empresas estuvieran cerrando y que hubiera gente pasando fatigas". Añadió que de haber continuado al frente del Gobierno municipal, la guardería se hubiera construido porque había de plazo hasta diciembre de 2012 y "la hubiéramos hecho", pero el nuevo equipo de gobierno (PP) "prefirió abandonar el proyecto" y presentar la denuncia por "rencor".