Las plazas de funcionario reservadas para los discapacitados se quedan sin cubrir. La Junta ha convocado en los dos últimos años 619 plazas para personas con discapacidad y sólo se han cubierto 113 (el 18,2%). Por ello, la nueva normativa prevé reducir el nivel de exigencia de la prueba para aquellos que tengan una minusvalía igual o superior al 65%. Tendrán más tiempo para responder el examen, según Ical.