Las propuestas de mejora de este plan, ha informado el Gobierno foral, apuntan a la necesidad de un nuevo modelo de atención a la familia, la infancia y la adolescencia, basado en el reforzamiento de las políticas familiares, la defensa de los derechos de la infancia y la prevención-promoción como estrategias de intervención, todo ello con una visión universal y una actuación interdepartamental, basado en la intervención temprana 0-6 años y con la comunidad como espacio referencial de actuación.

El diagnóstico ha sido presentado por Mikel Gurbindo, subdirector de Familia y Menores de la Agencia Navarra para la Autonomía y el Desarrollo de las Personas. Por su parte, el director-coordinador de la entidad Darlington, Joaquín de Paúl Ochotorena, ha expuesto un análisis de los fundamentos de los programas de intervención preventiva temprana.

Se ha celebrado asimismo una mesa redonda, moderada por la profesora Irene Lapuerta, en la que han intervenido Ana Fernández, subdirectora del área de Infancia y Mujer del Ayuntamiento de Pamplona; Eduardo Cabrera, responsable del área de Justicia Juvenil de la asociación educativa Berriztu; Laura Iparraguirre, responsable de los programas con gestión de guarda de la Asociación Navarra Nuevo Futuro; Miriam Pérez, coordinadora de infancia de los programas de medio abierto de la entidad Pauma, y Maider Gabilondo, coordinadora del Comité de Navarra de UNICEF. La clausura ha estado a cargo de Francisco Javier Tuñón, director general del Observatorio de la Realidad Social.

Con una población de 640.647 habitantes y 235.000 unidades de convivencia, Navarra cuenta en la actualidad con 130.000 menores de 18 años (el 20% de la población) y 100.000 menores de 15 años (el 16%). Las tasas de natalidad y fecundidad son muy bajas, y se registra un 9% de monoparentalidad con hijos dependientes, de forma que hay 8.360 familias con 13.500 menores a su cargo y un 34% de las familias atendidas por el sistema de protección.

Las líneas estratégicas de actuación estarían basadas en las políticas familiares, la promoción de los derechos de la infancia, la salud infanto-juvenil, la atención socio-sanitaria en la escuela y el riesgo psicosocial y parentalidad positiva, además de en la atención temprana, la equidad territorial y trabajo en red, la justicia juvenil, vulnerabilidad y exclusión social, intervención comunitaria, y protección a la infancia.

RIESGO DE POBREZA

Algunos datos significativos del ámbito familiar recogidos en el estudio apuntan al aumento significativo de la tasa de dependencia, el mayor riesgo de pobreza en las familias monoparentales, el retardo en el inicio de proyectos de vida independiente, la ausencia de políticas favorecedoras de la conciliación o la inequidad den el reparto de tareas. En el ámbito de la salud se destacan la necesidad de mejoras en la atención temprana 0-6 años, la mejora de la atención a la salud sexual, o la salud mental, entre otros.

Las tasas de abandono escolar y la baja tasa de cobertura en la etapa 0-3 años son algunos de los datos referidos al ámbito educativo. Otros datos se refieren a las altas tasas de pobreza infantil. Un total de 6.000 menores han sido atendidos por el sistema de protección en 2016 (entre un 4 y un 5% del total de menores de 0 a 18 años).

Entre las necesidades detectadas se apunta la necesidad de mejorar la coordinación y la equidad en cuanto a recursos, así como el fortalecimiento en los equipos de valoración e intervención. También se apunta la conveniencia de fortalecer y unificar criterios en las actuaciones de carácter interdepartamental, mayor interrelación con la entidades que gestionan los recursos residenciales y el medio abierto, mejor apoyo y reconocimiento a las necesidades de las familias de acogida y adopción, y un mayor apoyo a los organismos de la red social comunitaria, además de una mayor descentralización de los recursos, la implementación de programas de supervisión, una escuela más inclusiva, la necesidad de visibilizar la desprotección infantil o el desarrollo de programas de capacitación parental, así como un aumento significativo de los recursos de atención temprana, ha detallado el Gobierno.

En el informe se destacan nuevas realidades, como la población de origen extranjero, la pobreza infantil, la conciliación de la vida laboral y familiar la desprotección sobrevenida por acumulación de indicadores de exclusión, el aumento de los modelos educativos familiares permisivos e incoherentes, la incapacidad parental para el control de la conducta o el aumento de la familia.

Otras realidades nuevas señaladas son el aumento de familias monoparentales y reconstituidas, la necesidad de atención psicológica debido a rupturas matrimoniales, una maternidad temprana con competencias parentales insuficientes, el incremento de la demanda de recursos de salud mental infanto-juvenil, el aumento significativo de cesión voluntaria de la guarda o el policonsumo en edades tempranas.

ASPECTOS POSITIVOS

Como aspectos positivos de esta realidad social se señalan un sistema de protección a la infancia que cumple razonablemente bien con el encargo social, que garantiza la atención a todas las situaciones de riesgo o desamparo, con un conjunto de equipos profesionales insuficiente pero con solvencia técnica, y con una cartera de servicios también insuficiente pero garantista con la demanda.

Entre los aspectos a mejorar, el informe destaca un sistema de protección a la infancia basado en la reparación del daño, con necesidad de desarrollar estrategias de carácter preventivo y promocional, con una política familiar de carácter residual muy basada en las subvenciones y poco en la implementación de servicios, con la necesidad de implementar metodologías y espacios de actuación interdepartamental, con necesidad de desarrollar estrategias de detección temprana, y con poca relevancia de la comunidad como espacio referencial de intervención.