Según el auto, notificado a las partes, los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad, estafa y apropiación indebida por los que ha estado investigada la patronal alicantina estarían prescritos. Además, la jueza no aprecia "indicios racionales" del delito que también se alegaba de insolvencia punible.

El Servef -dependiente de la Conselleria de Economía- denunció a Coepa por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, frustración de la ejecución e insolvencia punible en la construcción de su centro de oficios de Babel.

El Servef acusaba a la patronal de haber duplicado facturas en las ayudas solicitadas para la construcción del centro y de no haber justificado más de dos millones de euros (2.048.165,71 euros).

Así, se argumentaba que el Servef desde el año 2005 hasta el año 2010 concedió subvenciones a Coepa por un importe de 1.915.000 euros. En todos los convenios se establecía como cláusula que la finalidad del centro debía mantenerse como mínimo durante 10 años, algo que el informe del Servicio Territorial de Alicante de 25 de enero de 2016 concluía que no se había cumplido, por lo que se reclamó el dinero a Coepa y se presentó la denuncia ante los juzgados en agosto.

Ahora, la magistrada ha determinado en su resolución, contra la que cabe recurso, la prescripción de los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad, estafa y apropiación indebida, "habida cuenta que, entre la fecha de al denuncia, el 4 de agosto de 2016 y la fecha de concesión de la última subvención, el 15 de noviembre de 2010, transcurre con creces el plazo de cinco años" que establecía el Código Penal para estos casos. Sobre la supuesta insolvencia punible, no ve "indicios racionales".