López Santana señala que estos datos, que matizó han sido "obtenidos a raíz de una pregunta con respuesta escrita al Gobierno, dejan en evidencia el fracaso de la privatización encubierta del sistema público de empleo impulsado por el Gobierno", según informó NC en nota de prensa.

De esta forma, consideró que el Ejecutivo central "no sólo está invadiendo competencias" en el terreno de las políticas de empleo, que están transferidas a las comunidades autónomas, sino que también "está destinando ingentes cantidades de dinero público a empresas de trabajo temporal que no están cumpliendo" con los objetivos de encontrar trabajo a las personas desempleadas.

Añadió que la regulación establecida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2013 para que las empresas privadas pudieran obtener ingresos procedentes de las comunidades por encontrar trabajo a parados, "es un claro intento de privatizar" el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), creando una administración paralela que se ha demostrado ineficaz".

Así la senadora se refiere a los datos ofrecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a la pregunta formulada y expone que se recoge que en Canarias son siete las agencias de colocación colaboradoras con los servicios públicos de empleo a las que se habrían remitido 17.453 personas para su colocación y "de las que tan sólo 32 habrían sido insertadas (0,18%), según el concepto y los periodos que estipula el acuerdo marco, es decir, personas que deben estar contratadas durante seis meses en un periodo de ocho meses desde que se inició el primer contrato de trabajo".

Para la senadora se trata de datos "escandalosos" que "contrastan con los ofrecidos por el Servicio Público de Empleo de Canarias, cuya intermediación para recolocar a trabajadores en paro es mucho más eficaz y eficiente" que la de las ETTs. Por ello, aseguró "no" comprender que el Estado destinase 100 millones de euros a dichas agencias en España en 2016, de los que 6,1 millones de euros fueron a Canarias, y que los resultados "sean tan pobres y que nadie asuma su responsabilidad".

Ante esta situación, López Santana ha registrado este lunes dos preguntas sobre la valoración que hace el Gobierno de su plan para utilizar ETTs para la inserción laboral de personas desempleadas atendiendo a los datos obtenidos, así como sobre la existencia de un proceso de evaluación, control y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por estas empresas.

También pide un informe sobre cuántas y cuáles son las agencias de colocación privadas que prestan sus servicios en cada comunidad, con arreglo al plan impulsado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de contratación de empresas privadas de recolocación de personas desempleadas, y las retribuciones percibidas por estas empresas por este concepto y las personas que han conseguido insertar laboralmente.