El ente provincial ha confirmado este viernes, a través de un comunicado, que incoará un expediente para "recabar" toda la información disponible y "poder evaluar con conocimiento de causa" la relevancia de las investigaciones policiales en este caso, a efectos de "adoptar las medidas que procedan".

Las diligencias informativas correrán a cargo de Juan Marquina Fuertes, vicesecretario general de la Diputación de Ourense, que será el encargado de tomar declaración al jefe de Personal y Recursos Humanos.

Además, antes de entregar su informe a Presidencia, Marquina Fuertes también podrá realizar "las diligencias complementarias que estime oportunas", según indica la institución provincial.

Por parte del ente provincial se ha defendido la necesidad de esta búsqueda de información "ante la posibilidad" de que los hechos investigados puedan tener algún tipo de relación con el funcionamiento de la Diputación, de alguna de sus unidades administrativas o con la actuación de empleados públicos provinciales.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación, iniciada en 2015, ha destapado una trama ideada por el responsable de un centro de estudios situado en el centro de la ciudad, pero que ya no existe, para obtener de forma fraudulenta subvenciones públicas; burlando las condiciones y requisitos exigidos por ley mediante falsedades y engaños.

Varias de las personas investigadas señalaron la existencia de "un contacto en la Diputación" que colaboraba con el propietario del centro de estudios para introducir en esta entidad a determinados alumnos. También aseguraron que a algunos de estos alumnos se les llegó a ofrecer una plaza en la Diputación pagando hasta doce mil euros.

Este jueves en la Comisaría de la Policía Nacional, el jefe de Personal de la Diputación recogió una notificación en la que se le comunicaba que estaba investigado por un supuesto delito de cohecho, en relación a la investigación por supuesto fraude en cursos de formación de un centro de estudios de Ourense.

A raíz de este operativo la Policía Nacional ha detenido a cinco personas por falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social, contra la Administración pública y por blanqueo de capitales, estafa y cohecho.

Otras dos personas, entre las que se encuentra el jefe de Personal de la Diputación y alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, se encuentran como investigadas.

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