Esta es una de las prioridades contempladas en el documento que recoge la postura de la comunidad autónoma, abordada en la segunda reunión del grupo de trabajo formado en la región para seguir debatiendo sobre el futuro de la PAC, analizar su impacto y elaborar propuestas comunes de cara a la reforma prevista a partir del año 2020.

En concreto, en esta reunión se han puesto en común los resultados de la encuesta lanzada por la Comisión Europea sobre "cómo ven la actual Política Agraria Común (PAC) y cómo creen que debe ser en el futuro".

Este grupo de expertos está formado, además de por responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por representantes de organizaciones agrarias y sindicales, la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), asociaciones ecologistas y de la Universidad de Extremadura (UEx).

Otra prioridad, a juicio de este grupo de trabajo, es que la PAC debe garantizar una política de desarrollo rural basada en una economía verde, circular y con criterios sociales.

"La PAC debe continuar siendo una política única europea que garantice unos alimentos sanos y seguros a los consumidores y que impida una nacionalización que sólo pondría en riesgo aún más el proyecto de construcción europeo", ha señalado la directora general de Política Agraria Comunitaria, Yolanda García.

Para ello, ha precisado que hay que poner el foco en las explotaciones familiares; en la incorporación de la mujer a la agricultura, con medidas de apoyo similares a las que se aprueben para los jóvenes; dar prioridad a la titularidad compartida; reactivar las políticas de incentivos al cese anticipado de la actividad agraria y a la actividad agraria a tiempo parcial, como instrumentos de lucha contra el despoblamiento, informa la Junta en nota de prensa.

Se propone, asimismo, la modificación de las reglas de la competencia en el sector agrario y la aprobación de una norma única europea de la cadena alimentaria así como la recuperación de las medidas de intervención del mercado.

Yolanda García ha considerado que la aplicación de una tasa plana única "es injusta y discriminatoria y deslegitima las ayudas de la PAC al conceder una ayuda única independientemente de la actividad ejercida en la explotación, su dimensión, su orientación económica ni su potencial ambiental".

Por último, la directora general de PAC, Yolanda García, ha anunciado que durante la próxima semana se recibirán nuevas propuestas con el objeto de enviar a la Comisión Europea una encuesta comunitaria con los resultados de diversos sectores del grupo de trabajo.

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