El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá responder en el próximo pleno del Parlamento sobre el resultado de sus gestiones ante el Gobierno en asuntos "clave" para Galicia, a instancias del BNG; sobre el cumplimiento de las normas autonómicas, un asunto por el que se interesará el PSdeG; y sobre la evolución del empleo en Galicia, a petición de En Marea.

Así lo han avanzado en sendas comparecencias ante los periodistas los portavoces de los distintos grupos parlamentarios después de reunirse para conformar el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana.

Además, en el pleno de la semana que viene, la valedora do Pobo, Milagros Otero, dará cuenta de su informe del pasado año; mientras la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, comparecerá para informar sobre los planes de rehabilitación que pondrá en marcha la Xunta a lo largo de esta legislatura.

SESIÓN DE CONTROL

En cuanto a la sesión de control al presidente, la nacionalista Ana Pontón ha justificado su pregunta en que el coste de "la sumisión de Feijóo a los intereses del PP" sale a Galicia en "unos 4.000 millones de euros al año".

A esta cifra ha llegado sumando a los 3.500 millones de euros que, según sus cálculos, supondría para Galicia un concierto económico, los 140 millones que los gallegos pagan anualmente en peajes, la "negativa" de Feijóo de disponer de una tarifa eléctrica propia y el "recortazo" de casi 450 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los socialistas, por su parte, utilizarán la mejora de la "calidad democrática" como hilo conductor de sus diferentes iniciativas en el próximo pleno. Comenzando por la pregunta al presidente, que Xoaquín Fernández Leiceaga utilizará para evidenciar el "incumplimiento" de ciertas leyes, como las de igualdad e inclusión social.

"Las leyes se convierten en retórica si no hay garantías de su cumplimiento", ha advertido, crítico con que convertir la Cámara en un instrumento de "publicidad y propaganda", además de "erosionar la confianza" en el sistema, "dificulta" alcanzar acuerdos con el Gobierno.

"¿Está contento con la evolución del empleo desde que gobierna?" es la pregunta de En Marea que verbalizará Luís Villares tras denunciar que ocho años después de la llegada de Feijóo a Monte Pío hay en Galicia 103.000 ocupados menos y 38.000 desempleados más.

Además, su grupo presentará su "alternativa" en materia de empleo, para demostrar que los gallegos vivirían "mejor" con un presidente de En Marea. Así, llevará iniciativas enfocadas a mejorar la contratación pública y a incentivar distintos sectores económicos.

OTRAS INICIATIVAS

Al margen de lo citado, el Bloque solicitará la derogación de la orden que regula los conciertos educativos y que permite "continuar con un modelo machista y segregacionista" en lugar de apostar por la "coeducación" y la enseñanza en "igualdad".

La "fiscalidad abusiva" que sufren los emigrantes retornados, además del aumento de los incendios forestales, serán otros de los asuntos que promuevan los nacionalistas en el pleno.

El PSdeG, por su parte, pedirá un "plan antifraude" en la contratación autonómica y que las ayudas a los ayuntamientos se concedan en base a criterios "objetivos", siguiendo esa línea relativa a la mejora de la calidad democrática.

No obstante, no se olvidará de los trabajadores del 112 en huelga por el traslado ni de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Desde En Marea reclamarán recuperar los derechos laborales perdidos de los docentes,

ampliar a nueve meses de los contratos del personal contraincendios y diseñar una estrategia para la industria de componentes de la automoción.

Asimismo, tratará de impedir que se segregue la producción industrial de la hidroeléctrica en Ferroatlántica y cuestionará la contratación administrativa de la Xunta.

Por último, los populares defenderán un modelo de FP "imbricado" en el tejido productivo, la promoción exterior de las oportunidades turísticas de Galicia y la necesidad de modernizar la conexión ferroviaria entre A Coruña y Ferrol.

Además, preguntará al Gobierno autonómico sobre las que han sido las primeras pruebas selectivas de Galicia para personas con discapacidad intelectual.