Miles de personas con propiedades en la capital tendrán que pagar más desde este mismo año por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y eso que el Ayuntamiento de Madrid ha congelado para este año el recibo y los valores catastrales no experimentado ninguna subida. La razón es que la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha encontrado algún tipo de obra no declarada o irregularidad urbanística en su vivienda o local.

Según ha explicado este lunes en la comisión de Economía y Hacienda el delegado del ramo, Carlos Sánchez Mato, el órgano fiscalizador había detectado en un año (del 1 de abril de 2016 al 1 de abril de 2017) un total de 22.107 inmuebles en la capital con obras ilegales o irregularidades.

La mayor parte de las alteraciones corresponden ampliaciones de vivienda (39%) y reformas no declaradas (34%). El resto se reparten entre incorporación de nuevos elementos –piscinas– (13%), cambios de uso (8%), rehabilitaciones (3%), nuevas construcciones (2%) y declaraciones extemporáneas (1%).

La regularización de estas propiedades supondrá un incremento de 4,4 millones de euros en la recaudación del IBI, incluyendo los recibos de 2017 y los atrasos de los ejercicios no prescritos, ya que el Ayuntamiento puede exigir legalmente el pago de este impuesto con carácter retroactivo hasta los cuatro años anteriores. El incremento medio del recibo del IBI para estos inmuebles de unos 320 euros.

Para detectar estas irregularidades urbanísticas, Hacienda cuenta con varios mecanismos: desde fotografías aéreas tomadas con drones hasta los tradicionales inspectores que se desplazan a las viviendas a comprobar si la información que tienen en el catastro concuerda con la realidad.

Una vez cotejada la información propia con la remitida por el Ayuntamiento y confirmada la irregularidad, Segipsa, la empresa estatal encargada de realizar el trabajo, envía una carta a los defraudadores para que regularicen la situación de su inmueble, lo que implica el pago de una tasa de 60 euros. También se les informa de que su próximo recibo del IBI será modificado de acuerdo a la nueva situación de su inmueble.

Desde el año 2013, el Ministerio de Hacienda está llevando a cabo este plan de regularización catastral que permite la incorporación al catastro de las nuevas construcciones, rehabilitaciones o reformas que no hayan sido debidamente declaradas y que, por tanto, no contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos en la misma proporción que el resto de los inmuebles catastrales de la capital. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no se sumó a este proceso concreto hasta el año pasado.

El proceso de regularización catastral, que entró en vigor el 1 de abril de 2016 y que iba a durar un año, se ha ampliado hasta el próximo 31 de julio por decisión de la Dirección General del Catastro. «El Catastro ha pedido más tiempo porque de no finalizar los trabajos habría determinadas zonas de Madrid que hubieran tenido un agravio comparativo; es decir, que unas zonas se hubieran tratado de forma diferente a otras», ha explicado Sánchez Mato.