La trata de seres humanos es una extendida forma de esclavitud que afecta a millones de personas en todo el mundo y que se caracteriza por constituir un atentado contra los derechos humanos, "que utiliza a las personas como simples mercancías, lo que lo convierte en un delito que vulnera entre otros el derecho a la dignidad, a la libertad, a la integridad física, el derecho a la seguridad, a la igualdad y a no ser sometido a esclavitud", ha recordado el subdelegado.

Si bien mujeres y hombres son objeto de trata con diferentes finalidades, sin embargo, la trata con fines de explotación sexual "es una de sus expresiones más denigrantes y crueles y tiene como principales víctimas a mujeres y niñas", según han manifestado.

Se trata de un crimen que "no es neutral en términos de género, dado que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas", han precisado.

Con fecha 15 de junio de 2016 se dictó por la Secretaría de Estado de Seguridad una instrucción sobre actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la trata de seres humanos y en la colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas.

Dicha instrucción establecía que las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil nombrarán a un interlocutor social a nivel nacional en la lucha contra la trata de seres humanos, que en la actualidad es la inspectora jefe Amayas.

Su misión específica es la cooperación y coordinación con los distintos interlocutores sociales territoriales en la lucha contra la trata de seres humanos, garantizando la difusión de toda información relativa a la trata, ya esté contenida en normativa nacional o internacional, en jurisprudencia, o bien se trate de iniciativas policiales y sociales que puedan desarrollarse, así como asegurar el mutuo intercambio de información.

Por su parte, los interlocutores sociales territoriales en la lucha contra la trata de seres humanos son expertos policiales designados por las diferentes unidades de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil a los que corresponde la coordinación, cooperación y desarrollo de las actuaciones relacionadas con los delitos vinculados a esta materia en su ámbito territorial.

Estos expertos serán el punto de contacto permanente con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata, para fomentar la colaboración con las mismas, garantizar el intercambio mutuo de información, tendencias, estadísticas y promover los protocolos de coordinación que resulten necesarios para la asistencia a las víctimas y el apoyo policial especializado en la materia.

ALOJAMIENTO Y APOYO EN MÁLAGA

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género establece una guía de recursos para la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, y en el caso de Málaga se ofrece alojamiento para mujeres víctimas de este delito que llegan derivadas desde las organizaciones que atienden de forma ambulatoria o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El alojamiento tiene como finalidad la recuperación de las víctimas por lo que se presta una atención "integral y personalizada de acuerdo con las circunstancias personales y sociales". Pero también existen entidades sin recurso residencial que prestan atención ambulatoria, la cual puede consistir en atención social, psicológica, médico-sanitaria, jurídica, formativa y de inserción laboral.

En la provincia, según han reseñado, el Estado trabaja con siete entidades mediante las que se prestan todos estos servicios, "y es esencial la coordinación y comunicación fluida con las mismas, de modo que, cuando una víctima o potencial víctima sea detectada por las organizaciones especializadas, éstas han de ponerlo en conocimiento de los agentes a través de los cauces establecidos con el correspondiente interlocutor social por el medio más rápido y eficaz con el fin de garantizar sus derechos, asistencia y protección.

Existen otros instrumentos de coordinación y lucha contra la trata, como el Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, aprobado en Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 2015, que establece la hoja de ruta para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la lucha contra este tipo de trata.

El Plan Policial contra la trata con fines de explotación sexual, que emana de una instrucción de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, configura como objetivos específicos el fortalecimiento en la investigación de redes organizadas dedicadas a este tipo de delitos y en la protección y asistencia a las víctimas. Una de las medidas prioritarias es la sensibilización de la sociedad de las consecuencias de estos actos delictivos.

Así, a través de una página web integrada en el portal de la Policía se facilita información a los ciudadanos. Del mismo modo, se dispone de una línea telefónica gratuita y de una dirección de correo electrónico, atendidas las 24 horas por policías especializados, en las que se preserva la confidencialidad de los usuarios y en las que se pueden formular denuncias, solicitar ayuda, información o cualquier otra cuestión relacionada con esta actividad delictiva. Ambos cuerpos disponen también de las redes sociales.

Finalmente, se cuenta con el protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos, un mecanismo de cooperación entre instituciones que establece los sistemas de comunicación formal entre administraciones competentes en la materia y organizaciones especializadas. La convocatoria de las reuniones a las que alude corresponde a la Fiscalía de Extranjería.

En el ámbito de las competencias atribuidas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con carácter anual se convoca la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos destinados a la atención y la asistencia a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y sus hijos menores o con discapacidad. En 2017 esta línea se ha dotado con dos millones de euros.

El Plan Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas 2015-2018 recoge entre sus medidas la realización de campañas de sensibilización dirigidas a desincentivar la demanda de servicios sexuales, así como a concienciar acerca de la incidencia de la demanda de prostitución en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

El lanzamiento de esta campaña, con el hasta #tomaconciencia, se incluye en el marco de las actuaciones que impulsa la Delegación del Gobierno para la violencia de género. El rechazo de la sociedad ante el consumo de personas es fundamental para lograr su erradicación.