Marcha contra la ELA
Miles de personas, familiares y afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en la denominada 'Caminata por la vida' en la que pedían más recursos en la investigación para hallar la cura para esta cruel enfermedad que actualmente afecta a unas 4.000 personas en España. FACEBOOK RETO TODOS UNIDOS

José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, se quitó la vida el pasado domingo a los 58 años tras meses pidiendo al Gobierno que despenalice la eutanasia. En un vídeo publicado este jueves por El País, el abulense explica las razones por las que ha decidido recurrir al suicidio asistido y ser "libre".

"No puedo levantarme ni acostarme, no puedo darme ni la vuelta. No puedo vestirme, desnudarme. No puedo limpiarme. No puedo comer ya solo. Cuando te diagnostican la ELA te están dando la sentencia de muerte tal cual", explica sentado en un sillón de su casa en Madrid.

Poco antes de tomarse la medicación y de lamentarse por que no pueda haber un médico presente -"Lo tengo que hacer por mi cuenta"- Arrabal dice que le parece "indignante" que en España el suicidio asistido y la eutanasia no sean legales y que alguien como él tenga que morir "solo y en la clandestinidad".

"Hoy soy yo, pero en el futuro pueden ser tus abuelos, tu padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú", añade, justo antes de ingerir una combinación de medicamentos comprados "en internet", según el vídeo.

Más 10.000 personas apoyaron la petición que Arrabal lanzó en la plataforma Change.org para pedir una muerte digna. "Va a ser un infierno para mi familia y para mí", decía entonces, "quiero que el final llegue cuando yo considere que el sufrimiento es inaceptable, pero al artículo 143 del Código Penal me lo impide".

"Países como Suiza, Bélgica u Holanda ya permiten el suicidio asistido (...) En España, el artículo 143 del código penal prevé penas de cárcel de 4 a 8 años para aquel que ayude o induzca al suicidio asistido ¿Por qué no podemos acabar nuestra vida de manera digna si esta se convierte en un infierno?", reflexionaba.

El 28 de marzo el pleno del Congreso aprobó tramitar una proposición de ley de Ciudadanos para garantizar el derecho a una muerte digna y fijar los deberes que deben asumir los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que están ante el proceso final de su vida.

La iniciativa contó con apoyo del PP, PSOE, Unidos Podemos, UPN y Compromís; la abstención de ERC; y el voto en contra del PNV y del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). Unos días antes, el pleno rechazó otra proposición, promovida por Unidos Podemos, para legalizar la eutanasia. PP, PSOE y Ciudadanos pidieron un "debate sosegado".