La institución solicita al departamento dirigido por Román Rodríguez que aclare diferentes aspectos sobre la futura prueba, tras la publicación el pasado 27 de marzo de una resolución con las instrucciones para su realización durante este curso y que introduce elementos que "pueden estar vulnerando los derechos académicos de los estudiantes e incluso cuestionar la seguridad jurídica del proceso".

"Una de las preocupaciones", indica la valedora en un comunicado, radica en la proximidad de la convocatoria y el "desconocimiento" de los detalles que rodean a su realización material, como ciertos aspectos "contradictorios" como las previsiones para la exención en la materia de Lingua Galega e Literatura.

La valedora indica que actual resolución limita esta opción a alumnos exentos en segundo de Bachillerato, cuando una orden en vigor (del 24 de marzo de 2011) incluye también a aquellos que hayan estado fuera de Galicia o exentos de alguno de los dos cursos de la etapa.

Además, tampoco aclara la situación de los estudiantes que repitieron el segundo curso matriculado de materias que no había superado o si este estará obligado de presentarse a la ABAU para acceder a la universidad.

CRÍTICA A LOS CAMBIOS DE PONDERACIÓN

Otro de los colectivos afectados mencionados por el texto de la valedora se refiere a los alumnos que no se han presentado o no han superado la selectividad a pesar de terminar bachillerato el curso pasado.

En teoría, las previsiones conocidas declaran exento de evaluación a este alumnado "pero no se especifica si tienen o no posibilidad de mejorar su nota presentándose a las materias en la fase obligatoria o voluntaria".

Asimismo, sobre este último punto, ha calificado de "contrario a los principios de ordenación" que, con un margen de dos meses, se estén modificando los parámetros de ponderación de las materias evaluables a las que se puede presentar el alumnado con carácter voluntario.

"Muchos alumnos eligieron ya en su primer curso de Bachillerato las que les interesaban en función de su orientación universitaria", ha insistido, añadiendo que las ponderaciones están todavía "pendientes" de aprobación por los diferentes consellos de goberno del SUG.

"Los actos administrativos desarrollados apenas unas semanas antes de la realización de las ABAU suponen un importante impacto en las personas destinatarias. Tal y como le trasladaron los afectados, se esperaban medidas transitorias que perjudicasen lo menos posible al alumnado", concluye.