En concreto, la convocatoria ha hecho posible la contratación de un total de 948 personas, de las cuales 825 han sido personas usuarias de los servicios sociales de base, un 49,73% más que en 2015, y 123 monitores y personal de apoyo, unas cifras que constatan "el importante refuerzo" realizado, ha destacado el vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra.

El vicepresidente ha ofrecido este lunes una rueda de prensa junto a la directora general de Inclusión y Protección Social, Gema Mañú, para presentar el balance del programa de empleo social protegido, las novedades de la convocatoria de 2017 y las subvenciones a entidades locales para la concesión de ayudas de emergencia social.

Laparra ha explicado que en 2016 las ayudas de la convocatoria destinada a las entidades locales para el desarrollo de programas de empleo social protegido han permitido desarrollar proyectos a un total de 44 mancomunidades y entidades locales, seis más que en el ejercicio anterior, lo que supone "casi el 100% de municipios de Navarra".

En cuanto al presupuesto, ha explicado que el coste total de los programas ha ascendido a algo más de 7,63 millones de euros, lo que supone un incremento presupuestario de 3,2 millones respecto a la cantidad destinada a este fin por el Ejecutivo anterior en el ejercicio 2015. De los 7,63 millones destinados a los programas, seis millones han sido aportados por el Gobierno de Navarra y 1,63 millones por las entidades locales.

Además, "todas las entidades beneficiarias han visto incrementada la cuantía concedida respecto a 2015, con un incremento medio del presupuesto de un 173,23%.

En datos globales, el 73,48% de la partida presupuestaria se ha destinado a la contratación de personas usuarias, un 18,21% a la contratación de personal de apoyo para el desarrollo de los proyectos y el 8,31% restante se ha dirigido al desarrollo de diferentes acciones formativas.

MENOS MUJERES QUE HOMBRES

Según ha precisado el vicepresidente de Derechos Sociales, de las 825 personas usuarias contratadas el porcentaje de mujeres (45,58%) ha sido casi diez puntos inferior al de los hombres (54,42%), lo que "hace necesario introducir acciones de discriminación positiva que incrementen la presencia de las mujeres en los proyectos de empleo social protegido".

Asimismo, ha explicado Laparra, en el año 2016 la duración media de las contrataciones se ha incrementado en cómputo global respecto a 2015 en un 52,56%, pasando de una media de 3,52 meses a una media de 5,37 meses.

NOVEDADES PARA 2017

En cuanto a las principales novedades introducidas en la convocatoria para este año, el vicepresidente ha resaltado que tienen como fin "favorecer el acceso al empleo en dos colectivos clave, las personas perceptoras de renta garantizada y las mujeres".

De este modo, con el fin de facilitar la inserción laboral de parados de larga duración, la convocatoria de este año puntúa adicionalmente las contrataciones de aquellas personas que llevan percibiendo la renta garantizada durante dos años o más.

Además, para fomentar la contratación de mujeres se exige para este año que al menos un 50% de las contrataciones se dirija a este colectivo. La convocatoria para este año 2017 mantendrá la misma asignación presupuestaria que el año anterior.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Por otro lado, la directora general de Inclusión y Protección Social, Gema Mañú, ha dado a conocer que este lunes, 3 de abril, se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra (BON) las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la concesión de ayudas de emergencia social o de apoyo a procesos de inclusión social, dotada con 2 millones de euros.

Se trata de subvenciones dirigida a las entidades locales para facilitar que los Servicios Sociales de base gestionen ayudas de emergencia destinadas a la inclusión de personas que tengan dificultades graves para cubrir de modo inmediato sus necesidades básicas de alojamiento, energía, nutrición salud y educación.

El periodo de presentación de estas solicitudes es de 10 días hábiles.

Los programas cubrirán las necesidades de las personas residentes en la zona básica de referencia, siempre que reúnan los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años o menor emancipado con menores a su cargo; estar empadronado en alguna de las localidades de la zona básica de su servicio social de referencia; presentar una situación que dificulte afrontar gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para evitar o paliar situaciones de exclusión social; y contar la unidad familiar con unos recursos económicos mensuales no superiores a los contemplados en la convocatoria. En este sentido, se ha ajustado el importe a la actual de la nueva renta garantizada, lo que supone "unas diferencias mínimas".

Durante el año 2016, estas ayudas han beneficiado a 3.500 unidades familiares, un 8% más que en 2015, de las cuales, un 55,71% tenía menores a su cargo, un 22,17% estaban conformados por hogares monomarentales y un 30,65% eran hogares unipersonales. Y el número total de ayudas concedidas ascendió a 5.745.