En este sentido, el GOB presentó este miércoles sus sugerencias a la revisión de la Ley del Ejecutivo en esta materia para limitar los usos no agrarios en el suelo rústico, concretamente el uso de edificios para viviendas y la comercialización como vivienda turística.
En cuanto a las actividades complementarias, la entidad ha defendido que hay que redefinir el concepto "garantizando la pervivencia y superioridad" de los ingresos vinculados a la explotación agraria, por encima de aquellos que tienen que acontecer un complemento de la renta pero que no
tienen que acabar provocando la sustitución.
El GOB ha recordado que fue "muy crítico" con la Ley Agraria de Baleares de 2014 impulsada por el entonces conseller Biel Company porque "representaba una burla de la legislación urbanística, ambiental y hídrica".
Como consecuencia, "representaba una clara amenaza para la conservación de la vocación productiva del campo y sus valores naturales, culturales y paisajísticos", puesto que "carecía de la vocación agraria" y representaba "una puerta abierta" a implementar nuevas actividades económicas, nuevos usos y nuevas construcciones.
"Los aspectos o afecciones urbanísticas más graves se intentaron corregir con el Decreto ley 1/2016. Pero ahora, hace falta verdaderamente modificar en profundidad la Ley agraria vigente para garantizar como principal objetivo la revitalización", han defendido.
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