Rato
El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Víctor Lerena / EFE

La proliferación de casos de corrupción en las cajas de ahorros españolas ha extendido una falsa sensación de impunidad respecto a los políticos que aprovecharon las puertas giratorias para hacer carrera en el sector bancario patrio. Sin embargo, estos ‘banksters’ (palabra que nace de la unión de la voz inglesa para banco, bank, y el término gánster), como los denominaron los colectivos ciudadanos después del 15-M, sí han pagado por los desmanes que cometieron.

El de Rodrigo Rato es el caso más conocido, pero no el del único banquero que ha desfilado por los juzgados para ser procesado. Para la opinión pública han pasado desapercibidos otros exministros, exdelegados del Gobierno, expresidentes o exconsejeros regionales del Partido Popular, el PSOE, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) o Unión del Pueblo Navarro (UPN) que han tenido que dar explicaciones en los tribunales.

La rueda de las responsabilidades ni siquiera se ha detenido: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha llevado a la Fiscalía nueve operaciones irregulares de las antiguas Caja España y Caja Duero que provocaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros.

Fernando Martínez-Maillo, actual coordinador general del PP, fue consejero de Caja España entre 2006 y 2010 y ya está imputado por administración desleal en la investigación que el juzgado de Instrucción número 5 de León mantiene abierta por las prácticas que tuvieron lugar en la entidad. En la misma situación se encuentran Javier García-Prieto y Artemio Domínguez González, también miembros del PP; los socialistas Begoña Núñez, Zenón Jiménez-Ridruejo y Francisco Fernández; el dirigente regional de UGT Miguel Ángel Álvarez y su homólogo en el sindicato agrario Asaja, José Antonio Turrado. La Sección Tercera de la Audiencia de León rechazó los recursos de los implicados asegurando que existen indicios de delito y que este no habría prescrito aún.

Narcís Serra

Histórico del PSC y vicepresidente de Felipe González.

Entidad: Caixa Catalunya.

Imputación: Sueldos exagerados.

Condena: Piden 4 años de cárcel.

El economista Narcís Serra  fue alcalde de Barcelona y formó parte del primer gobierno de Felipe González, en el que se ocupó de la cartera de Defensa (1982-1991) antes de ascender a vicepresidente (1991-1995). Dimitió junto a su sucesor al frente del estamento militar, Julián García Vargas, cuando el diario El Mundo publicó el escándalo de las escuchas de los servicios secretos (el Cesid, rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia o CNI) a distintas personalidades, entre las que estaba el rey Juan Carlos. La Fiscalía Anticorrupción pide para él cuatro años de cárcel por la administración desleal de Caixa Cataluña, a cuya presidencia accedió en 2005. Según la investigación, la entidad pagó retribuciones, indemnizaciones y dietas «escandalosas y millonarias» a pesar de su situación: necesitó un rescate del Estado de 12.600 millones de euros. L

José Luis Olivas  

Expresidente de la Generalitat Valenciana (PP).

Entidad: Bankia, Bancaja, Banco de Valencia.

Imputación: Varios delitos.

Condena: Pendiente de juicio.

Los problemas del expresidente de la Generalitat Valenciana por el PP José Luis Olivas empezaron cuando abandonó la política. Tras ejercer de mandatario autonómico durante la transición entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps, fue nombrado presidente de Bancaja y del Banco de Valencia en 2004. En 2010 resultó elegido como vicepresidente de Bankia, tras la fusión de Bancaja con la Caja Madrid de Rodrigo Rato.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia le condenó en enero a un año y medio de prisión y una multa de de 151.800 euros por emitir una factura falsa de 500.000 euros a su amigo y compañero en el PP Vicente Cotino con el objetivo de evadir impuestos. Tiene pendientes las causas por el hundimiento de Bankia y el Banco de Valencia, además de otra por los préstamos concendidos por Bancaja para inversiones en el Caribe. L

Mario Fernández

Exvicepresidente del Gobierno vasco (PNV).

Entidad: Kutxabank.

Imputación: Apropiación indebida.

Condena: 6 meses de cárcel / un año.

Mario Fernández, vicepresidente del Gobierno vasco de 1982 a 1985 por el PNV, fue denunciado por su propia entidad nada más abandonarla a finales de 2004. Fernández había pagado con dinero de la empresa una factura al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces (PSOE) por un montante de 243.592 euros. El trabajo por el que se abonaría ese dinero, según la Audiencia de Bizkaia, nunca llegó a realizarse, porque lo que Fernández estaba haciendo en realidad era facilitar el regreso de Cabieces, abogado, a la vida laboral después de haber permanecido durante años en la primera línea de la lucha contra los terroristas de ETA.

Fernández declaró en el juicio que llegó a recibir tres llamadas de altos cargos que le instaron a realizar el favor. El pago se hizo a través del despacho del letrado laboralista Rafael Alcorta, condenado como cooperador necesario.

Pedro H. Moltó  

Exdiputado en el Congreso y exconcejal en Toledo (PSOE).

Entidad: Caja Castilla-La Mancha.

Imputación: Falsedad en las cuentas.

Condena: Dos años de cárcel.

Su formación de economista (como Narcís Serra) y su experiencia de diez años al frente de Caja Castilla-La Mancha no sirvieron a Pedro Hernández Moltó para evitar una condena de dos años de prisión e inhabilitación para ejercer en el sector por un delito de falsificación de cuentas.

El político socialista fue consejero en el ejecutivo autómico, diputado en el congreso y, finalmente, concejal en el Ayuntamiento de Toledo. En 1999 accedió al cargo de presidente de Caja Castilla-La Mancha. Ejerció hasta marzo de 2009, cuando el Banco de España intervino la entidad para «buscar soluciones que garantizaran su futuro». La investigación posterior destapó que la gestión de Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, su mano derecha, habían causado un perjuicio de 253,8 millones. La Audiencia Nacional dictó sentencia en 2016, siete años después de la quiebra.  L

Ramón Marrero  

Exconsejero de la Junta de Andalucía (PSOE).

Entidad: Caja Inmaculada (CAI).

Imputación: Apropiación indebida.

Condena: Cuatro años de prisión.

Ramón Marrero protagoniza la sentencia sobre cajas de ahorros más reciente. La Audiencia Provincial de Zaragoza le condenó el pasado 7 de marzo, junto al que fuera director general de la CAI Tomás García Montes y al exdirectivo Javier Alfaro, por un delito de apropiación indebida agravada.

Juntos se aprovecharon de su posición para adquirir inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y conseguir créditos de la entidad sin las garantías necesarias, lo cual causó «daño patrimonial» a distintas sociedades dependientes de la CAI por un monto de 6,3 millones. Marrero, abogado y consejero de la Junta de Andalucía entre 1994 y 1996, se benefició, de acuerdo a la sentencia, de un crédito que amortizó aportando un inmueble cuyo valor real era muy inferior del que se tasó para formalizar el préstamo en su momento. L

Rodrigo Rato

Exvicepresidente del Gobierno y exministro (PP).

Entidad: Bankia.

Imputación: Administración desleal.

Condena: Pendiente de juicio.

El «autor del milagro económico español», como el PP llegó a definirle, figura en este listado como ‘invitado de honor’. Ha conseguido eludir la cárcel mientras el Tribunal Supremo resuelve su recurso contra la condena a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia. También está imputado por el hundimiento de Bankia en su salida a Bolsa. En lo personal, un juez de Madrid le investiga por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares debido a sus negocios y a los posibles sobornos que se habría embolsado por adjudicar contratos a distintas empresas desde Bankia.

Absoluciones en Caja Navarra

Yolanda Barcina, presidenta de Navarra por UPN, y su compañero Miguel Sanz fueron imputados por las dietas cobradas por asistir a reuniones internas de Caja Navarra. El Supremo archivó la causa en 2015. La investigación por las pérdidas de Banca Cívica (en la que Caja Navarra se integró) en su salida a Bolsa se sobreseyó en 2016.