Los vecinos de los números 85, 87 y 89 de la calle Elvira respiran desde hoy más tranquilos. Un informe de la Gerencia de Urbanismo ha servido de salvoconducto para las ocho familias amenazadas desde hace meses por el desahucio.
Y es que las inspecciones del Ayuntamiento concluyen a favor de los inquilinos de los dos edificios de Elvira (uno de ellos tiene dos números), cuyos dueños habían solicitado la declaración de ruina.
Según informan los técnicos de la Gerencia tras visitar las viviendas, los inmuebles no pueden acogerse a la situación legal de ruina ni, por tanto, a las ventajas que ello conlleva de cara a una futura venta de los edificios.
Por ello, Urbanismo lanza un "mensaje de tranquilidad" a los inquilinos de los edificios, ya que no tendrán que desalojar sus viviendas para la ejecución de las medidas inmediatas de seguridad decretadas por los inspectores municipales.
Éstas implican, entre otras cosas, apuntalamientos de algunas zonas concretas y la ubicación de andamios para fijar algunos elementos, aunque no en la fachada. La casa del número 85, desocupada aunque sí tiene un local con actividad, presenta un estado de conservación deficiente.
El presupuesto de las reparaciones necesarias asciende a más de 49.000 euros. El edificio de los números 87 y 89 (con seis viviendas ocupadas y un negocio abierto) también necesita ser rehabilitado aunque las obras costarán más: en torno a 290.000 euros. En este caso, y según los técnicos, las medidas de seguridad que han de ser ejecutadas no son tan urgentes.
Así, la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, lamenta "la falta de entendimiento por parte de las personas afectadas" y ruega a los inquilinos que "retiren las pancartas que atentan contra el honor de los funcionarios que cumplen con su deber".
La edil advierte
De igual forma, Nieto aclara que "no es cierto que se haya decretado ya la ruina de los edificios, tan sólo se ha iniciado el procedimiento a raíz de la petición del propietario".
Ahora, con el informe en la mesa sobre el estado de los edificios, el Ayuntamiento contestará las alegaciones presentadas tanto por algunos vecinos como por el propietario de los inmuebles.
Por último, Nieto recuerda que "si no se adoptan las medidas oportunas por parte del dueño en el plazo que se acuerde se decretará la expropiación y venta forzosa para que sea otro propietario el que se haga cargo de sus deberes con mayor responsabilidad que éste".
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