El Pi presenta una moción en los ayuntamientos para que no se toque la parcela mínima para construir en suelo rústico

  • Los concejales de El Pi Proposta Per Les Illes Balears presentarán una moción en los ayuntamientos donde tienen representación para que se respeten los acuerdos adoptados por unanimidad en el Consell de Mallorca, y por mayoría en la comisión de Medio Ambiente del Parlament, en los que decidió que en ningún caso se aumentarán las superficies mínimas de parcela previsto en la Norma 20 del actual Plan Territorial de Mallorca para la construcción de nuevas edificaciones con uso de vivienda o un cambio de uso otros ya existentes.

En un comunicado, la formación recuerda que actualmente la normativa establece 50.000 metros cuadrados por los terrenos calificados de suelo rústico de régimen general forestal y áreas rurales de interés paisajístico y 14.000 metros cuadrados para los terrenos calificados como áreas de interés agrario, áreas de transición de armonización y suelo rústico de régimen general.

Según explica la iniciativa de El Pi, esta regulación tiene un carácter de mínimos y, por ello, a la diversa normativa, instrumentos de ordenación territorial y planes urbanísticos han definido categorías de suelo rústico donde este uso no es autorizable (ANEI), o categorías donde la superficie mínima exigible es mayor.

El Pi considera que las declaraciones de la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, "vuelven a abrir la posibilidad de incrementar la superficie mínima de construcción en suelo rústico" además de los 14.000 metros cuadrados actuales.

La formación cree que esto provocaría un aluvión de nuevas solicitudes de licencias como medida preventiva ante posibles cambios en la normativa, "demostrando así que los mallorquines no se fían de los actuales responsables de la Institución".

Por este motivo, El Pi considera necesario que los concejales de todos los partidos se posicionen en sus ayuntamientos ante la intención de cambiar esta superficie mínima, y la posibilidad de que haya un incumplimiento de los acuerdos adoptados tanto el Consell de Mallorca como en el Parlament por los partidos que forman parte del Govern.

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