En 1996, la Unión Europea acordó que a partir del 31 de octubre sería obligatorio que las grandes empresas tuviesen una autorización ambiental integrada, que exige reducir la contaminación y el consumo de energía y agua.

Afecta sobre todo a las granjas, mataderos, refinerías, industrias químicas, empresas de tratamientos de residuos...

Sin embargo, sólo 133 industrias de Castilla y León, 16 de Valladolid, cuentan con este permiso de las 752 afectadas por la normativa, según datos de Ecologistas en Acción.

Esta organización culpa de la situación a la «desidia» de los empresarios y a la «incapacidad» de la Junta, que es quien tramita el permiso.

La situación es generalizada en todas las comunidades, salvo en Cataluña, donde el grado de cumplimiento es del 40%.

Medida transitoria

No obstante, aquellas empresas que presentaron la solicitud antes del 1 de enero de 2007 pueden seguir con su actividad gracias a una medida transitoria recogida en la ley española que adaptó aquí la normativa Europea. Eso sí, Bruselas ya ha denunciado dos veces esa excepción.

Ecologistas considera que si se aplica estrictamente la normativa todas estas industrias deberían cesar su actividad.

De hecho, la ley contempla multas de 200.000 a 2 millones de euros para las empresas que no tienen autorización ambiental.

Por el momento, la organización ecologista no se plantea denunciar la situación "irregular" de estas empresas puesto que supondría la pérdida automática de 60.000 empleos directos y el 10% del Productor Interior Bruto.

Sólo se han planteado denunciar la situación del vertedero de residuos peligrosos de Santovenia de Pisuerga que no tiene esta licencia.