El portavoz adjunto del grupo 'popular', Antonio Granados, ha explicado que, el 20 de julio de 2016, la Junta de Gobierno adjudicó un contrato menor de servicios a un abogado para que representara sus intereses en el caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, conocido como caso Serrallo.

Granados ha indicado que la eficiencia y la profesionalidad del letrado elegido "está más que demostrada" si bien ha resaltado que el Ayuntamiento haya recurrido a un abogado externo en lugar de a los servicios jurídicos propios.

Además de que esos 15.730 euros suponen "un gasto superfluo, perfectamente prescindible y bastante censurable en un equipo de gobierno que se queja de la mala situación económica del Ayuntamiento", el letrado contratado "se convirtió también en el abogado defensor del alcalde en la causa por la que ya ha declarado como investigado en un juzgado de Sevilla y por la que se le atribuyen tres delitos que podrían significar nueve años de prisión y quince de inhabilitación".

Al concejal 'popular' le parece que esa "casualidad" podría esconder que, "o los pagos del grupo socialista o los del alcalde, se pudieran abonar con dinero público".

Por su parte, el coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, ha incidido en la "caótica" política de personal de la administración local poniendo como primer ejemplo el área de Urbanismo, donde se han producido recientemente las dimisiones de los directores generales de Urbanismo y Licencias.

Mientras "no se pueden tramitar licencias", el gobierno local ha creado el cargo de coordinador general de Presidencia, Igualdad, Empleo y Transparencia, "un puesto que no existía y no se ha variado el organigrama para crearlo, lo que además de ser irregular vuelve a demostrar que, por lo que parece, hay dinero para unas cosas y para otras no", ha destacado Fuentes.

El edil ha reprochado también al PSOE que dé funciones como coordinadores generales de Informática y Nuevas Tecnologías, "sin nombrarlos, a dos personas a las que se les ha abierto juicio oral y declaran en mayo", que se hayan asignado destinos "sin procedimiento" a 42 policías locales o que "en la asesoría jurídica ahora sólo trabajen dos personas, cuando hace meses había cinco".