El instructor, en un auto notificado este miércoles, no advierte la presencia de los elementos que califican el delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, porque, como explica en su fundamento quinto, "sin hacer una valoración definitiva, que aquí no procede, acerca de si los acuerdos respetaron formalmente la legalidad administrativa, no puede afirmarse que con su adopción pusieren los investigados su voluntad sobre los intereses que la ley protege y que lo hiciera con la gravedad propia de una conducta que pueda ser calificada de injusta y arbitraria".

Recuerda en los antecedentes de hecho de la resolución, que durante la instrucción de este procedimiento, la magistrada del Juzgado 1 de Murcia dictó tres autos de sobreseimiento respecto de todos los denunciados, en 2011, 2013 y 2015.

Revocados para que se llamara a declarar a los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la fecha de esa decisión y al promotor del proyecto, quedando pendiente la de la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá, precisamente por ser aforada. Ésta fue citada como investigada el 15 de febrero, después de que la Sala Civil y Penal se declarara competente.

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