Así lo ha avanzado en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha justificado la importancia de esta legislación porque la región se ha colocado como la cuarta autonomía con más peso de este tipo de entidades tras Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Según sus datos, en Castilla-La Mancha hay 626 empresas agrarias, 753 de trabajo asociado y 204 del sector de la vivienda, y casi la mitad de los pueblos castellano-manchegos -438 concretamente- tienen en su territorio alguna entidad de este tipo.

Una de las principales novedades es que reconocerá de manera pionera la figura de la cooperativa rural, teniendo en cuenta que hay un gran número de localidades en la región donde la cooperativa que opera es "el pulmón económico" de toda una comarca.

Estas cooperativas, que ahora pasarán a llamarse agroalimentarias, podrán con esta nueva ley aglutinar dos actividades económicas, de manera que además de servicios agroalimentarios podrán dedicarse a explotación de la tierra, actividades culturales, ayuda asistencial, integración social, ocio, turismo rural, sector energético, nuevas tecnologías, dependencia, medio ambiente o servicios educativos.

ANTECEDENTES

Franco ha recordado que existe una primera ley de este tipo desde el año 2002, un texto normativo que fue "muy sencillo", y en 2010 surgió una nueva regulación con modificaciones sustanciales para adaptar la norma a la Unión Europea.

En esta última ley se establecían dos nuevos tipos de cooperativa, como son Empresa Cooperativa y Cooperativa Rural. "A partir de aquí teníamos la opción de desarrollar estas figuras por decreto o hacerlo con rango de ley, es una muestra más y un reconocimiento a un sector en tres cosas".

Pero, según Patricia Franco, esta regulación "se dejó encima de la mesa en 2011 con el borrador de un nuevo decreto, y el anterior Gobierno no lo tuvo a bien".

El nuevo modelo de cooperativas "encaja mejor con la generación de una nueva actividad y da respuesta a empresas de reducido tamaño". "La ley prevé ser muy sencilla, además dará agilidad para dotar a las cooperativas de un funcionamiento correcto", ha detallado.

MÁS FLEXIBILIDAD

Tal y como ha sostenido, la norma dará más flexibilidad en cuanto a número de socios, su participación, la capacidad de trabajadores autonómos para que se puedan asociar, la actualización del pago de cuotas o la simplificaciones de su funcionamiento. Se podrá además fraccionar el primer pago de capital social de inicio de 3.000 euros y ahora solo se exigirá la primera mitad, dando un plazo de dos años para satisfacer el resto.

Se modifica el procedimiento para cambiar de nombre, los procedimientos de renovación de miembros, se incorpora como parte de la reforma de la vigente ley los criterios de desempate en la posibilidad de reserva de contratos para implementar más estos modelos en concursos públicos y se dará luz verdes a nuevas órdenes de tramitación electrónica para simplificar otros trámites como el depósito de constitución.