En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se opone así a los recursos presentados por los afectados, entre ellos la viceconsejera del ramo, María José Asensio, al entender que la diligencia acordada por la juez de Instrucción número 3, Patricia Fernández Franco, "no es ni indiscriminada ni innecesaria, ni supone el inicio de una investigación prospectiva".

A su juicio, no se trata de una diligencia "indiscriminada" porque "afecta única y exclusivamente a los correos electrónicos habidos entre los años 2013 y 2016 y que además hagan referencia al concurso y adjudicación de las actividades extractivas de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar".

El pasado día 20 de febrero, la juez suspendió el volcado y entrega a la UCO de dichos correos electrónicos al no haberse resuelto los recursos de las defensas contra esta decisión.

Así, la magistrada puso de manifiesto que "no se ha podido resolver sobre la petición de suspensión formulada, al encontrarse las actuaciones en Fiscalía", por lo que "por razones de seguridad jurídica" accedió a la petición de suspensión de la diligencia señalada "a la espera de lo que se resuelva sobre las peticiones en curso".

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