Entonces, el juez Sergio Muñoz, pidió al tribunal de alzada la retirada de la inmunidad como ex gobernante de facto. Le acusaba de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y falsificación de documentos públicos.

La resolución hecha pública hoy habilita al juez para interrogar al general retirado y, eventualmente, procesarle, así como para decretar su detención.

Antes de ser procesado o detenido, Pinochet debe perder su inmunidad, que ya se le retiró en dos ocasiones por la Corte Suprema en causas relativas a violaciones de los derechos humanos durante los años que duró su dictadura.

Sus problemas con la justicia

Pinochet se enfrenta con más de 300 querellas por violaciones a los derechos humanos bajo su gobierno, por las cuales ya ha sido desaforado tres veces.

La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo para anular su procesamiento por crímenes de la Operación Cóndor. Pinochet quedó bajo arresto domiciliario por algunos días, hasta que el juez Juan Guzmán, a cargo del proceso, le otorgó la libertad provisional con una fianza de tres millones de pesos (5.172 dólares).

Posteriormente, los tribunales rechazaron una apelación de la defensa y confirmaron el procesamiento del ex dictador (1973-1990) como autor de una decena de crímenes de la Operación Cóndor, la coordinación represiva que hubo entre las dictaduras militares del Cono Sur en la década de 1970.

El ex dictador gobernó con mano de hierro entre 1973 y 1990, después de un sangriento golpe de estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende. En ese período más de 3.000 personas murieron o desaparecieron víctimas de la violencia política o en manos de los organismos represores.